La crisis interna en Podemos y CSSP se dirime ya en los tribunales de Marbella Los críticos expulsados de la plataforma Costa del Sol Sí Puede, vinculados a Podemos y Equo, presentan una demanda contra los concejales 'Kata' Núñez y Victoria Mendiola ;Otros dirigentes de Podemos como su secretario general, 'Lolo' González y Antonio Casares también han sido denunciadosLos críticos expulsados de la plataforma Costa del Sol Sí Puede, vinculados a Podemos y Equo, presentan una demanda contra los concejales 'Kata' Núñez y Victoria Mendiola ;Otros dirigentes de Podemos como su secretario general, 'Lolo' González y Antonio Casares también han sido denunciados

Seis de los ocho dirigentes críticos expulsados de CSSP este miércoles, tras presentar la demanda contra sus hasta ahora compañeros. Foto/ marbellaconfidencial.es

Seis de los ocho dirigentes críticos expulsados de CSSP este miércoles, tras presentar la demanda contra sus hasta ahora compañeros. Foto/ marbellaconfidencial.es 

La crisis interna por la que atraviesa la plataforma Costa del Sol Sí Puede (CSSP) impulsada en las pasadas elecciones municipales por Podemos, se ha trasladado ya a los tribunales, después de que los expulsados por la asamblea local de CSSP hayan presentado dos demandas en la vía civil contra los concejales ‘Kata’ Núñez y Victoria Mendiola, además de otros dirigentes de Podemos, como su secretario general local, ‘Lolo’ González; el coordinador de Comunicación, Antonio Casares; Fernando Sánchez, responsable de Finanzas; Tania Ocaña, coordinadora de Igualdad; Manuel Martínez Latorre (grupo de trabajo jurídico) y Eduardo Frapolli.

Como paso previo a la demanda se contempla un acto de conciliación entre las partes, algo habitual en este tipo de procedimientos. Los demandantes buscan que los demandados se retracten de sus “graves acusaciones”, vertidas a raíz de que se filtrara una conversación privada de un grupo de Whats App en la que se criticaba abiertamente al sector oficial, tal y como adelantó en su día Marbella Confidencial.

Tanto el sector oficial de Podemos, como el aparato de CSSP han tratado siempre de restar importancia a esta grave crisis interna en su seno. Se da la circunstancia de que entre los expulsados están destacados miembros de la lista electoral, como el ingeniero de Marbella Rafael Castaño ‘número 3’, quien sería el próximo edil en la Corporación ante la hipotética baja de cualquiera de los dos actuales concejales.

Con la presentación de esta demanda, que en un principio iba ser querella, como también adelantó este medio digital el 17 de octubre, se busca también que se reconozca que “la asamblea y la suspensión cautelar carecen de ninguna validez, comunicándolo así a todos los afiliados”. Pretenden también que se ponga a disposición de la Mesa de Coordinación toda la información que se les ha solicitado, a fin de que ésta pueda celebrar su reunión.

Demanda de conciliación

Los críticos argumentan que “presentan esta demanda de conciliación previa en señal de buena voluntad, para facilitar la resolución del conflicto sin tener que llegar a recurrir a la necesidad de continuar con el procedimiento judicial”, ha expuesto en rueda de prensa Rafael García Conde, uno de los miembros de CSSP y Podemos expulsado.

Los expulsados y demandantes sostienen que en la polémica asamblea de octubre, que les apartó de la plataforma, pretendían “exclusivamente” defender el espíritu de esta agrupación electoral “convocando una Mesa de Coordinación, para exigir el cumplimiento del reglamento” que otorgaba al citado órgano el control y seguimiento de la política municipal.

Denuncian que de las nueve personas expulsadas “Eduardo Frappoli y Fernando Sánchez han sido perdonados de manera inexplicable”. Se preguntan si Sánchez “¿habría sido premiado con un cargo y un trabajo remunerado?”.

Ocho de los acusados por el sector oficial eran miembros fundadores, impulsores y dinamizadores de la plataforma de CSSP, muchos de ellos candidatos en su lista de las elecciones municipales y todos miembros de  la Mesa de Coordinación, máximo órgano ejecutivo del partido, recuerdan los demandantes.

Los críticos han mostrado ante los periodistas su interés “por ofrecer a todas las personas que nos votaron una explicación fundamentada de todo lo acaecido” tras la convulsa asamblea de CSSP.

Creen, además, “en una plataforma democrática donde priman los órganos colegiados y no en un grupo cerrado de tres personas que, entre ellas, han tomado y toman decisiones a niveles económico, organizativo y político al margen y que corresponden legítimamente a la Mesa de Coordinación y la Asamblea”.

Entre otras actuaciones, acotan, “no entendíamos las reuniones ni las decisiones conjuntas con el PP”, han recalcado durante la rueda de prensa, así como en un comunicado.

Por último, han apostado por una plataforma “plural” donde cada miembro actuaba a título personal, “procediese de donde procediese”. Lamentan que se CSSP se haya convertido “en brazo político de un partido, que es Podemos”, formación a la que acusan de haber condicionado su “relativo apoyo” en las pasadas elecciones municipales a “la obligación de copar los primeros puestos en las listas de la plataforma”.

Les resulta llamativo que ‘Lolo’ González actúe como portavoz de CSSP

A los denunciantes les parece “llamativo” ver al secretario local de Podemos, ‘Lolo’ González , convertirse en portavoz de la plataforma, en alusión a la comparecencia que protagonizó días atrás en solitario junto al alcalde, José Bernal. Les llama la atención tal circunstancia porque, según recuerdan, González se abstuvo en “reiteradas ocasiones” a la hora de presentar este partido instrumental a los comisiones municipales.

Cuando trataron de convocar, sin éxito, la Mesa de Coordinación y fueron expulsados por la asamblea, pretendían conocer si se estaba subvencionando a Podemos desde CSSP, “pagando con dinero de la Plataforma la sede de Podemos en Marbella, infringiendo la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos e incluso presuntamente el Código Penal”. Recuerdan que  los concejales son de CSSP, no de Podemos, “y el transfuguismo se sanciona con la entrega del acta de concejal o el abono de 500.000 euros”, recuerdan los críticos.

 

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