“Los ingresos en concepto de IBI que está dejando de cobrar el Ayuntamiento de Marbella ascienden a varios centenares de miles de euros”. Este es el cálculo que hace el candidato a la Alcaldía por el partido Por Mi Pueblo Marbella (PMP), Francisco Gómez Palma, en relación con los tributos sobre bienes inmuebles que percibe el municipio vecino de Benahavís y que deberían ingresar en las arcas marbellíes.
El alcaldable se refiere a “varias decenas de viviendas y un buen número de parcelas” de la urbanización Vega del Jaque. Una sentencia del TSJA de abril de 2021 estableció que dichos suelos pertenecen a Marbella. El Ayuntamiento de Marbella recurrió ante el Tribunal Supremo (TS). En octubre de 2021 esta última instancia judicial no admitió a trámite el recurso de casación, presentado por la administración presidida por Ángeles Muñoz.
Gómez, que comparecía este jueves ante los periodistas a las puertas del Consistorio marbellí hace hincapié en que, ya de por sí, “resultaba difícil de explicar” que un municipio, en este caso Marbella, “recurra una resolución judicial que le otorga la titularidad de unos 170.000 metros cuadrados”.
Lo señala en alusión a los suelos objeto del polémico expediente de deslinde con Benahavís que inició, a finales de 2008, la alcaldesa con su homólogo benahavileño, José Mena.
Precisamente la famosa mansión de la también senadora del PP, que ella misma puso a la venta en 2016 por 12 millones de euros, así como diversos terrenos de su familia se ubican en la zona a la que se refiere el excoordinador local de Ciudadanos.
Gómez Palma ha mostrado, incluso, un recibo de IBI y basura del ejercicio 2022 de una vivienda colindante a la mansión que Muñoz y su marido, Lars Broberg, poseen al 50% a través de la sociedad Crasel Panorámica S.L., que tuvo como socio único a la gibraltareña Crasel Limited, controlada por el marido de la regidora, procesado junto a su hijo Joakim Broberg en la Audiencia Nacional (AN) en el marco de una organización criminal dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales, según el juez García Castellón.
“Si este recibo de IBI lo emitiera el Ayuntamiento de Marbella, el importe rozaría los 5.000 euros, en lugar de los 3.000 que cobra el Ayuntamiento de Benahavís”, ha comparado el candidato de Por Mi Pueblo.
Ante tales hechos, Francisco Gómez Palma solicita al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz que lleve a cabo las “gestiones administrativas necesarias”, para que sea el Ayuntamiento de Marbella “el que cobre esos recibos de IBI, de unos terrenos que, según sentencia de hace dos años, son de nuestro municipio”, recalca el cabeza de lista de PMP.
La respuesta de la alcaldesa fue rápida. Poco después de la comparecencia de Gómez Palma, con el que Muñoz compartió militancia en el PP local hace ya bastantes años, la regidora aseguraba ante los periodistas que se trata de una situación que, según su versión, se repite en otros municipios limítrofes con Marbella. A su juicio, la solución pasaría por un convenio entre ayuntamientos, que fuera avalado por la Junta de Andalucía.
“Son zonas que a nivel urbanístico pertenecen a un municipio y a nivel de servicios los están prestando otros, y lo que se está haciendo en este caso, teniendo antecedentes de otros puntos de la provincia, donde se han hecho convenios entre dos ayuntamientos es articular con la propia Junta de Andalucía de qué manera se pueden seguir prestando” tales servicios, sostiene Muñoz.
La munícipe del PP considera que Marbella “puede hacer el cobro de un impuesto, o de alguna de las tasas, y se restituye de alguna manera, con esos importes lo que está prestando por parte del resto de los servicios”.
Asimismo, Muñoz argumenta que “todo el tema de accesos, mantenimiento y recogida de basuras supondría un coste adicional que no tendría el Ayuntamiento de Marbella capacidad para poder asumir”.
La alcaldesa, que no ha entrado a valorar lo dicho por Gómez Palma sobre lo sorprendente que supone el hecho de que el Ayuntamiento de Marbella que ella preside recurriera ante el TS una sentencia que le otorgaba 170.000 metros, en detrimento de Benahavís, afirma que “no es sólo el caso” de la citada localidad vecina donde ocurren situaciones del cobro de recibos de IBI y basura.
Muñoz habla de Mijas y Ojén, además de Benahavís
La primera edil marbellí cita el caso de “otras muchas urbanizaciones con Mijas, fundamentalmente, y la zona de La Mairena (abarca Ojén y Mijas) donde tenemos también el mismo conflicto”, ha precisado Muñoz.
Fuentes de Por Mi Pueblo en la provincia (este partido concurre en diversos municipios), consultadas por Marbella Confidencial, aseguran que en los ayuntamientos de Ojén y Mijas “no hay ningún convenio por prestar servicios”.
Añaden, además, que en el caso planteado por Muñoz, sobre que hubiera un convenio entre dos ayuntamientos “la Junta de Andalucía no tiene que ver con compensaciones, porque se hacen transferencias entre administraciones”, por lo que –apuntan– “ese sería el procedimiento”, zanjan desde Por Mi Pueblo.