La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, conversa con el director general de Urbanismo del Ayuntamiento, José María Morente, en imagen de archivo. FOTO/ CABANILLAS
El director general del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Marbella, José María Morente, anunció este miércoles que el Ayuntamiento interpondrá recurso de casación, ante el Tribunal Supremo (TS), tras la última sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJA en Málaga que anula el acuerdo plenario de julio de 2018, aprobado por el gobierno PP-OSP, mediante el cual se modificaban la lindes con el municipio vecino de Benahavís.
La decisión anunciada por Morente, en sendas declaraciones a las emisoras de radio locales de Onda Cero y cadena SER, no deja de ser contradictoria. Al tiempo que este cargo de confianza del Partido Popular daba a conocer el inminente recurso al TS, “por motivos formales”, decía compartir los argumentos del movimiento antideslinde, gracias a cuya acción se ha tumbado lo que promovía la propia alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que se implicó personalmente en ello.
Como es de sobra conocido a estas alturas, transcurridos más de doce años desde que se iniciar la polémica por la pretensión mutua de los regidores de ambos municipios en cuanto a cambiar las lindes, la propia familia de Ángeles Muñoz posee importantes intereses urbanísticos en la zona objeto de delimitación (Finca El Colorado), incluida su lujosa mansión, residencia de la regidora y su marido, Lars Broberg.
“Lo que es curioso en esta nulidad [del TSJA] es que la orden en base a la cual se anula el documento de Planeamiento, la orden del consejero [de Presidencia], es posterior al documento de Planeamiento, con lo cual era muy complicado, cuando se aprueba el documento del Plan, que se pueda saber lo que va a decir una orden que se aprueba después”, señala Morente al comparar la fecha de la sesión plenaria de Marbella, celebrada en julio de 2018, y la decisión de quien fuera ‘número 2’ del gobierno de la Junta de Susana Díaz en octubre de aquel año, Manuel Jiménez Barrios.
En el marco de estas declaraciones Morente recalca que, desde el Consistorio marbellí, “sí estamos conformes con las lindes que marca la orden [de la Consejería de Presidencia], ese es otro tema”.
A juicio de este arquitecto de profesión, “regular el expediente de actuación en base a una orden de un consejero, que es posterior al acto que se anula, no parece muy congruente, y eso lo vamos a recurrir”.
Acto seguido, Morente reconoce que “el tema no tiene más recorrido y en eso la plataforma antilindes puede estar totalmente tranquila, porque nosotros en el PGOU que estamos tramitando, que es el documento nuevo de Avance, aprobado por todos los grupos políticos, hemos dejado muy claro que las lindes son las que están aprobadas por la Junta de Andalucía, que son con las que estaba conforme la plataforma”.
El director general del PGOU sostiene que “en el proyecto de adaptación parcial a la LOUA [Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía] se puso la linde que tenía el Plan antiguo”, en alusión al PGOU de 1986. A este respecto, afirma que se puso así “porque la Consejería de Urbanismo de la Junta nos dijo que ese era el criterio, que había que poner lo que ponía el Plan y que la adaptación a la LOUA no podía cambiar nada de lo que decía el Plan General del 86″.
Morente rebate que lo que recogía el PGOU del 86 “no son los lindes históricos [de 1873] ni son las lindes que aprobó la orden del consejero de Presidencia después [octubre de 2018], en referencia a lo firmado por Jiménez Barrios.
El director general de Urbanismo, José María Morente, junto a la edil del área, Kika Caracuel, en imagen de archivo. FOTO/ MC
Afirma también que en el documento de Avance del PGOU “la linde que se recoge, sin duda alguna, es la linde de la orden aprobada por el consejero; ahí no ha habido ninguna duda, ni ninguna discusión”, zanja Morente.
Al margen de lo que diga ahora el director general del PGOU de Marbella en la sentencia del TSJA, conocida días atrás, se afirmaba claramente que el Ayuntamiento había modificado las lindes con Benahavís, circunstancia que es objeto de reproche, por parte del tribunal, al hacer suyo el recurso de la citada plataforma ciudadana. Este colectivo siempre se ha puesto a la cesión de 200.000 metros a Benahavís.
