El portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, en rueda de prensa este martes, tras la Junta de gobierno local
Han transcurrido más de tres meses desde que el alcalde de Marbella, José Bernal, anunciara el 15 de octubre de 2014 el envío de una denuncia a la Fiscalía de Málaga contra el anterior equipo de gobierno del PP, presidido por Ángeles Muñoz, tras descubrir que los ‘populares’ habían dejado prescribir multas urbanísticas durante su mandato por un importe que alcanzaba los 9,7 millones de euros. Por el momento, no se ha enviado ningún documento al ministerio público.
A preguntas de este medio digital, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local de los martes, el portavoz Javier Porcuna (PSOE) ha justificado el retraso en denunciar unos hechos tan graves, que originaron un gran escándalo político y mediático, en que los trabajadores del área de Urbanismo con los que iba a contar un asesor jurídico externo, “a quien se le encargó todo el trabajo”, han tenido que dedicar todos sus esfuerzos a una cuestión “perentoria”, como era la situación creada tras la anulación del PGOU de 2010.
Porcuna sostiene que el letrado externo contratado tiene encomendada la tarea de formalizar la denuncia contra los anteriores gobernantes. La intención es que el fiscal “tipificase el delito en los expedientes caducados entre 2009 y 2011”, una tarea que el portavoz ha calificado de “difícil y compleja”, por tener que mirar “uno a uno todos los expedientes”.
El teniente de alcalde ha recordado que el exedil de Urbanismo del PP, Pablo Moro, “está procesado por uno de estos expedientes, que es el ‘caso Funky Buddha, pero hay muchos más”. El trabajo del asesor jurídico externo se vio interrumpido en noviembre, tras las resoluciones judiciales del Supremo que dejaron en papel mojado el Plan General de 2010.
No obstante, Porcuna ha dejado claro que desde el tripartito quieren “retomar” la actuación judicial contra los ‘populares’ y presentar toda la documentación en Fiscalía, cuando se haya completado.
Cabe recordar que el ‘número 2’ del PP, Cristóbal Garre, llegó a poner la mano en el fuego por el exconcejal de Urbanismo Pablo Moro, a la espera de juicio oral por el mencionado ‘caso Funky Buddha’. El gesto del nuevo edil, no vinculado a anteriores gobiernos de Ángeles Muñoz, no fue secundado de forma tan vehemente por los que sí compartieron gestión con Moro. De forma mucho más tibia, sólo el exportavoz municipal y ahora parlamentario, además de concejal, Félix Romero, defendió las actuaciones de Moro.
