El exconcejal del GIL y del PA Carlos Fernández poco antes de ser conducido de nuevo a prisión este miércoles, tras el juicio de de extradición que se sigue contra él en Argentina. FOTO/ TIEMPO DE SAN JUAN
El exconcejal del GIL y del PA de Marbella Carlos Fernández, encarcelado en Argentina desde el 15 de septiembre pasado, tras ser detenido por la Policía Federal después de estar fugado once años, ha quedado en libertad pasadas las 20 horas del país austral, medianoche del sábado en la España peninsular.
Así lo ha asegurado el diario Tiempo de San Juan, que cita fuentes penitenciarias de la prisión de Chimbas, donde se encontraba recluido el expolítico. El juez federal Leopoldo Rago Gallego ordenó la puesta en libertad tras llegar un oficio al citado establecimiento penitenciario.
El titular del Juzgado Federal 2 de San Juan (Argentina) decretó este jueves la extradición de Fernández a España, para ser juzgado por el ‘caso saqueo 2’. No obstante, el juez fijó una fianza que le permitirá pasar la Navidad en su domicilio del país austral y esperar en libertad, con medidas cautelares de personación ante la autoridad judicial, hasta que la resolución sea firme. De hecho, se esperan recursos de apelación ante la Corte Supremo de Justicia, el equivalente al Supremo español.
Fernández, que ejercía como ‘coach’ en Argentina, profesión que nunca desempeñó en España, tiene obligación de personarse en sede judicial cada quince días, le ha sido retirado su pasaporte, no le está permitido salir del país y tiene que comunicar si va a viajar por el país austral donde reside,
Tiempo de San Juan se desplazó hasta la vivienda de Ferndández pero nadie salió de la casa., según informa este medio digital.
Tras esta resolución judicial se abre ahora un plazo de catorce meses, según otros medios argentinos, para que la decisión del magistrado federal no quede sin efecto, de cara a evitar la prescripción según la jurisdicción de dicho país.
Cabe recordar que de los dos delitos que implicaba para Fernández el llamado ‘caso saqueo 2’ el fiscal consideró prescrita la falsedad, por lo que de ser finalmente deportado a España sólo se enfrentará a cargo de malversación de caudales públicos, correspondiente su etapa como concejal de Deportes y Juventud del GIL en Marbella (1991-1998).
Tal y como adelantaron Marbella Confidencial y Tiempo de San Juan, en contra de lo que pudiera pensarse en España, la última palabra sobre la extradición del prófugo Carlos Fernández no la tiene el juez federal argentino Leopoldo Rago Gallo, sino la Corte Suprema Argentina, máxima instancia judicial del país austral ante la que se interpondrán los previsibles recursos, tras el fallo de primera instancia del Juzgado Federal 2 de San Juan (Argentina), donde se sigue la vista oral sobre la extradición del exedil del GIL y del PA de Marbella, solicitada por el Gobierno español.
Tras haber aceptado el juez Rago Gallo las tesis del fiscal, quien sostuvo este miércoles que Fernández debe ser extraditado porque uno de los seis delitos no está prescrito para la ley argentina, habrá que esperar a la resolución de la Cámara Federal de Mendoza.
El tribunal de Mendoza tiene en sus manos la apelación que hicieron los abogados defensores cuando el juez Rago Gallo denegó la excarcelación al exconcejal.
Hacia el máximo tribunal
Es casi seguro que el caso del político español terminará en el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ése tribunal es el que interviene cuando un caso de extradición es apelado por alguna de las dos partes, o el fiscal o la defensa.
Paradojas del destino, quién le iba a decir a Carlos Fernández que en caso de ser extraditado a España no será por ‘Malaya’, el caso que le hizo célebre, sino por el ‘caso saqueo 2’, un asunto ya juzgado en la Audiencia Nacional y que se refiere a la etapa de los gobiernos del GIL entre 1991 y 1999. Cabe recordar que ‘Carlitos’, como se le conoce en Marbella popularmente, fue concejal del Grupo Independiente Liberal hasta marzo de 1998, fecha en la que fue expulsado del partido GIL por apropiarse de 80.000 euros de las nóminas de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro, causa por la que fue finalmente condenado en firme a dos años de prisión (que no cumplió porque se había fugado).
