El juez federal argentino resuelve extraditar a Carlos Fernández para ser juzgado en España por ‘saqueo 2’ El magistrado impone una fianza de 300.000 pesos argentinos, poco más de 14.000 euros al exconcejal fugado de España si quiere estar en libertad hasta ser enviado a nuestro país, para lo que aún no hay fecha decididaEl magistrado impone una fianza de 300.000 pesos argentinos, poco más de 14.000 euros al exconcejal fugado de España si quiere estar en libertad hasta ser enviado a nuestro país, para lo que aún no hay fecha decidida

El exconcejal de Marbella Carlos Fernández, este jueves, a su salida del juicio para ser conducido de nuevo a prisión hasta que deposite fianza. FOTO/ CANAL 13 SAN JUAN

El exconcejal de Marbella Carlos Fernández, este jueves, a su salida del juicio para ser conducido de nuevo a prisión hasta que deposite fianza. FOTO/ CANAL 13 SAN JUAN

El titular del Juzgado Federal Número 2 de San Juan (Argentina), Guillermo Rago Gallo, ha resuelto este jueves extraditar a España al exconcejal de Marbella Carlos Fernández, exedil del GI y del PA, para ser juzgado en nuestro país por el llamado ‘caso saqueo 2’.

A pesar del varapalo judicial que supone esta decisión para quien estuvo fugado de la justicia española durante once años, dicho magistrado le ha impuesto una fianza de 300.000 pesos argentinos, poco más de 14.000 euros, si desea quedar en libertad hasta ser enviado a España, para lo que aún no hay fecha decidida. Así pues, a falta de conocer en profundidad el auto dictado, el juez Rago Gallo no aprecia riesgo de fuga.

Tal y como adelantaron Marbella Confidencial y Tiempo de San Juan, en contra de lo que pudiera pensarse en España, la última palabra sobre la extradición del prófugo Carlos Fernández no la tiene el juez federal argentino Leopoldo Rago Gallo, sino la Corte Suprema Argentina, máxima instancia judicial del país austral ante la que se interpondrán los previsibles recursos, tras el fallo de primera instancia del Juzgado Federal 2 de San Juan (Argentina), donde se sigue  la vista oral sobre la extradición del exedil del GIL y del PA de Marbella, solicitada por el Gobierno español.

Tras haber aceptado el juez Rago Gallo las tesis del fiscal, quien sostuvo este miércoles que Fernández debe ser extraditado porque uno de los seis delitos no está prescrito para la ley argentina, habrá que esperar a la resolución de la Cámara Federal de Mendoza.

La decisión de deportar a Fernández implicaba, en principio, que siguiera privado de su libertad, pero finalmente no será así, al haberse decretado la mencionada fianza. Esta circunstancia va a permitir al expolítico pasar la Navidad en su casa argentina.

El tribunal de Mendoza tiene en sus manos la apelación que hicieron los abogados defensores cuando el juez Rago Gallo denegó la excarcelación al exconcejal.

Hacia el máximo tribunal

Es casi seguro que el caso del político español terminará en el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ése tribunal es el que interviene cuando un caso de extradición es apelado por alguna de las dos partes, o el fiscal o la defensa.

Paradojas del destino, quién le iba a decir a Carlos Fernández que en caso de ser extraditado a España no será por ‘Malaya’, el caso que le hizo célebre, sino por el ‘caso saqueo 2’, un asunto ya juzgado en la Audiencia Nacional y que se refiere a la etapa de los gobiernos del GIL entre 1991 y 1999. Cabe recordar que ‘Carlitos’, como se le conoce en Marbella popularmente, fue concejal del Grupo Independiente Liberal hasta marzo de 1998, fecha en la que fue expulsado del partido GIL por apropiarse de 80.000 euros de las nóminas de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro, causa por la que fue finalmente condenado en firme a dos años de prisión (que no cumplió porque se había fugado).

Por el ‘caso caso saqueo 2’ la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, solicita para Fernández una indemnización a las arcas de Marbella de 7,8 millones de euros de responsabilidad civil y nueve años de prisión.

Las restantes cinco solicitudes de extradición remitidas por España corresponden a tres juzgados de instrucción de Marbella, tras solicitarlo la Fiscalía. Entre ellas se encuentra la petición por el caso ‘Malaya’, en el que a Fernández se le achacaba inicialmente un delito cohecho, por supuestamente, recibir “sobornos monetarios del principal condenado en el caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca”, para obtener resoluciones favorables.

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