La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se dirije a la oposición en una de sus intervenciones. FOTO// Ayto. Marbella.
La Corporación municipal de Marbella ha pedido, por unanimidad, en un pleno extraordinario que ha celebrado este jueves la entrega de siete propiedades que pertenecieron al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama de corrupción municipal que dio origen al conocido como ‘caso Malaya’, ya juzgado y sentenciado en firme por el Supremo.
Los concejales han solicitado que pasen a formar parte del Patrimonio Municipal la Finca La Caridad, ubicada en San Pedro y cuyo valor ronda los cinco millones de euros; el helipuerto de Roca, valorado en 769.000 euros; la Finca Siete Corchones (1,6 millones de euros); una parcela que colinda con el Hospital Comarcal Costal de Sol (tres millones); y un solar en la zona de Cascada de Camoján.
La intención del equipo de gobierno, conformado por PP y OSP, es utilizar estos bienes para construir equipamientos públicos, entre ellos, un Palacio de la Justicia en la parcela próxima al Hospital Comarcal o, previsiblemente, unas instalaciones polideportivas en la Finca La Caridad.
Por otra parte, el pleno ha pedido que dos inmuebles de Roca (uno valorado en 2,6 millones de euros y otro, en 1,4) se subasten para invertir la liquidación en un plan municipal de viviendas. “Marbella comienza a recuperar su patrimonio. Es lo más justo tras diez años de difíciles negociaciones”, ha destacado la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Los importes se suman a los 3,6 millones de euros en multas y pagos a favor del Estado que el Ayuntamiento espera recibir una vez que la alcaldesa, tras la aprobación en pleno, firme un acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
La intención del equipo de gobierno es destinar la cuantía al fomento del empleo en el municipio a través de planes de formación y medidas de apoyo a las pymes y a aquellos vecinos con más dificultades para acceder al mercado laboral, como los mayores de 55 años, las mujeres con responsabilidades familiares o las víctimas de la violencia de género, ha avanzado Muñoz. “Se trata de un convenio que trabajamos con el anterior Gobierno central y el actual y que tendrá como objeto la ejecución de proyectos de utilidad pública y social”, ha señalado.
La última de las propuestas aprobadas por el pleno permite que 14 millones de euros que el municipio ha recuperado de causas judiciales, 12 procedentes la Audiencia Provincial e ingresados en las arcas municipales y otros dos de la Audiencia Nacional, se destinen a servicios públicos y la construcción de equipamientos.
El inicio de los trámites es posible tras la publicación, este miércoles, de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que contemplan una disposición final que permite que los fondos económicos y bienes derivados de fallos judiciales firmes se destinen a equipamientos y servicios públicos en lugar de saldar la deuda con la Administración central.
Día histórico
La alcaldesa ha destacado que “hoy es un día histórico y de justicia para Marbella y seguiremos reclamando la llegada de más fondos y bienes para el municipio”. “Se trata de una noticia que llevábamos años esperando. Marbella empieza a recuperar sus bienes y patrimonio expoliados por la corrupción”, ha agregado.
Muñoz ha recordado que la deuda del Ayuntamiento rondó los 500 millones de euros, mientras el presupuesto municipal rondaba los 200 millones, a lo que se sumó la pérdida de zonas verdes, equipamientos y espacios dotacionales.
“Recuperar lo que pertenece a Marbella es lo justo tras la situación de quiebra en la que dejaron la ciudad. Fueron años difíciles en los que peligró la viabilidad del Ayuntamiento. El apoyo del Gobierno central bajo el mandato del PP ha sido fundamental con el impulso de leyes específicas para la ciudad”, ha señalado.
La oposición pide que los vecinos decidan el destino de los bienes
Por su parte, los concejales socialistas Javier Porcuna y Manuel García han pedido al gobierno local que los vecinos participen en la elección de las inversiones que se realizarán con los fondos que el Ayuntamiento recupere de los bienes por casos de corrupción.
“Hay que devolver a la ciudadanía parte de lo que nos robaron. Nos toca reconstruir la imagen de la ciudad. El PSOE siempre ha defendido que a Marbella venga lo que le corresponde”, ha dicho García, al tiempo que ha agradecido la labor que han desempeñado las Administraciones Públicas, la Justicia y la Comisión Gestora que se creó tras la disolución de la Corporación municipal.
Porcuna, por su parte, ha pedido que las parcelas que se recuperen se incluyan en la redacción del PGOU como bienes dotacionales para que, cuando se apruebe el plan, ya consten con esta clasificación “y puedan destinarse a lo que realmente necesita el municipio”.
“En la época de la Alcaldía de José Bernal ya se recuperaron fondos procedentes de sentencias judiciales, si bien nunca lo escenificamos de forma pública. La cuantía recuperada se suma a los 32 millones que Bernal dejó como remanente, además de la eliminación de la deuda financiera”, ha agregado.
Los concejales Manuel García (en la foto) y Javier Porcuna han expuesto la posición del PSOE. FOTO// PSOE.
Por su parte, los concejales del grupo municipal de IU, Victoria Morales y Miguel Díaz, han destacado las seis enmiendas que han presentado y que, por unanimidad, ha aprobado la Corporación. Según los ediles, las alegaciones “garantizan la participación y la transparencia en el proceso de recuperación de los bienes y sumas económicas incautadas por los casos de corrupción en Marbella”.
El edil de IU, Miguel Díaz, en el uso de la palabra. FOTO// IU.
“Queremos que la gente decida y supervise el destino de los bienes y cantidades económicas. Si hay alguien que ha sufrido la indecencia política y moral de la corrupción ha sido la ciudadanía de Marbella. Es de justicia que sean los vecinos los que decidan cómo y dónde se invierte lo expoliado”, ha sostenido Díaz.
Morales ha subrayado que, gracias a una de las enmiendas de IU, el pleno ha aprobado la creación de un grupo de trabajo formado por representantes de todas las formaciones políticas para que, en el plazo de un mes, se consensuen propuestas de proyectos de utilidad pública o interés social.
Los representantes de los partidos políticos han coincidido en destacar el papel que desempeñaron los vecinos que se manifestaron contra los gobiernos locales responsables de la deuda municipal.
