La Junta considera “adecuada” la adaptación parcial del PGOU del 86 a la LOUA presentada por MarbellaNo obstante, la valoración de la CTOTU hace una serie de observaciones "puntuales" a las que el Ayuntamiento, regido por PP y OSP, deberá dar cumplimiento, relativas a distintas cuestiones sobre "clasificación de suelo, reserva de terrenos destinados a vivienda protegida y sistemas generales", precisan fuentes oficiales

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Imagen de la reunión de la CTOTU celebrada este jueves en la delegación del Gobierno de la Junta en Málaga. FOTO/ Junta de Andalucía

Imagen de la reunión de la CTOTU celebrada este jueves en la delegación del Gobierno de la Junta en Málaga. FOTO/ Junta de Andalucía

La valoración global es buena, pero con matices cuando uno lee la letra pequeña. Así se puede resumir el posicionamiento de la Junta de Andalucía, difundido este jueves, tras reunirse la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) para analizar la la adaptación parcial del PGOU del 86 a la LOUA presentada por el Ayuntamiento de Marbella.

Por medio de un comunicado se califica de “adecuada” dicha adaptación porque “se ajusta, con carácter general, a las determinaciones exigidas” en la normativa recogida en el Decreto 11/2008.

No obstante, la valoración de la CTOTU hace una serie de observaciones “puntuales” a las que la Corporación marbellí, regida por PP y OSP tras la moción de censura de agosto de 2017, deberá dar cumplimiento, relativas a distintas cuestiones sobre “clasificación de suelo, reserva de terrenos destinados a vivienda protegida y sistemas generales”, precisan fuentes oficiales.

De hecho, una de estas observaciones recalca que los terrenos ocupados por las dunas de Artola “deben incluirse como suelo no urbanizable y en la categoría de especial protección”.

Desde este organismo que vela por el control urbanístico se asegura que la valoración adoptada este jueves “es un paso fundamental para la adecuación definitiva del planeamiento marbellí”.

Una vez que el Ayuntamiento de Marbella reciba todos los informes que ha solicitado de las distintas administraciones y “dé cumplimiento a las observaciones de la CTOTU”, podrá aprobar en pleno municipal la adaptación parcial a la LOUA. Después, “una vez ratificada”, subrayan, el municipio presidido por Ángeles Muñoz contará con un planeamiento adaptado a la legislación urbanística.

La mesa de la CTOTU celebrada este jueves ha estado presidida por el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y el delegado de Medio Ambiente, Adolfo Moreno. También ha participado el diputado delegado de Fomento e Infraestructuras de la Diputación de Málaga, Francisco Javier Oblaré. 

La aprobación de las normas urbanísticas

Este miércoles, durante un pleno extraordinario convocado a tal efecto, los grupos municipales de PP y OSP sacaron adelante en solitario las normas urbanísticas que permiten adaptar el PGOU de 1986 a la realidad actual del municipio, lo que permitirá a los propietarios de viviendas fuera de ordenación solicitar licencias de obras y reformas. En el marco de esta normativa, los hoteles podrán aumentar en un cinco por ciento su edificabilidad. “Ha sido de vital importancia aprobar las normas porque no podíamos trabajar en Urbanismo con una normativa de hace 30 años”, señaló la concejala de Ordenación del Territorio, Kika Caracuel. PSOE, IU y Podemos votaron en contra.

El PP y OSP aprobaron, también de forma inicial, con la abstención de la oposición, la ordenanza reguladora de la redacción y tramitación de los proyectos de urbanización. Los dos dos grupos municipales coaligados en el gobierno local dieron cuenta de las modificaciones que, en materia urbanística, se están acometiendo para facilitar la construcción del Hotel W Resort en Las Chapas.

Los tres partidos de la oposición, PSOE, IU y la marca local de Podemos, Costa del Sol Sí Puede, (CSSP), pidieron al Ejecutivo local que facilite a los colectivos sociales participar en la elaboración del PGOU que sustituirá al de 1986 y que entró en vigor después de que el Tribunal Supremo anulara el de 2010, en una sentencia emitida en noviembre de 2015.

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