Carlos Fernández a su salida de las dependencias de la Policía Federal Argentina, una vez detenido, antes de que prestara declaración ante el juez federal y fuera encarcelado. FOTO/PFA
El futuro más inmediato del exconcejal preso Carlos Fernández, fugado durante once años de España y actualmente encarcelado en Argentina, se decidirá el próximo 29 de noviembre a las 9:30 de la mañana. A esa hora está fijada una vista por parte del titular del Juzgado Federal 2 de San Juan en la que el magistrado Leopoldo Rago Gallo decidirá si extradita o no al famoso prófugo del ‘caso Malaya’.
Ha sido el Diario de Cuyo, periódico impreso y digital en el que trabaja la mujer de Fernández, el medio que ha adelantado este jueves la información. La vista será a puerta cerrada, por lo que los periodistas no podrán presenciar los alegatos de la defensa y el fiscal Francisco Maldonado.
El citado representante del Ministerio Público será el encargado de representar los intereses de la Fiscalía española. En el marco del tratado de extradición entre ambos países la clave radica en si los delitos por los que España reclama a Fernández han prescrito, o no, en el país austral.
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, acordó el pasado viernes 10 de noviembre remitir a las autoridades de Argentina un total de seis expedientes de solicitud de extradición del prófugo de la conocida como Operación Malaya, Carlos Fernández Gámez, por la presunta comisión de diferentes delitos en nuestro país durante su actividad como concejal del Ayuntamiento de Marbella.
La decisión del Ejecutivo se produce después de que la petición oficial, cursada recientemente a través de las autoridades judiciales por vía urgente. El titular del Juzgado Federal 2 de San Juan (Argentina), Leopoldo Rago Gallo, deberá celebrar en breve una vista en la que se pronunciará sobre si los delitos que se imputan en España al exconcejal del GIL y del PA han prescrito bajo la jurisdicción argentina.
El reclamado, exconcejal del Partido Andalucista de Marbella, está detenido en Argentina desde el pasado mes de septiembre tras haber permanecido huido desde el año 2006. De esa forma, Fernández Gámez evitó ser arrestado por su implicación en la Operación Malaya, dentro del caso Saqueo II, en la que se detuvieron a 90 personas por diversas causas de corrupción.
La primera de estas solicitudes de extradición, según ha precisado el Ministerio de Justicia, se fundamenta en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hace referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Los hechos se refieren a su actividad como concejal en el Ayuntamiento de Marbella durante los gobiernos con mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (G.I.L.) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999.
Dicho gobierno municipal está acusado de haber actuado de común acuerdo para gestionar los recursos municipales al margen de la legalidad con el fin de sustraer a cualquier control público esos bienes, utilizando parte de ellos en beneficio propio y detrimento del Consistorio.
Cinco ampliaciones de la solicitud de extradición
Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud de extradición corresponden a tres juzgados de instrucción de la localidad de Marbella. Así, el Número 5 de dicha localidad ha presentado dos solicitudes de extradición por delitos contra la ordenación del territorio y por cohecho. En el primero de los casos el reclamado está acusado de votar de forma favorable en 2003 por la concesión de licencias urbanísticas con plena conciencia de que eran contrarias a la normativa vigente.
En cuanto a la acusación de cohecho, Fernández Gámez como concejal marbellí habría recibido importantes sobornos monetarios de Juan Antonio Roca para obtener resoluciones favorables a sus negocios urbanísticos durante 2004 y 2005.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella ha presentado otras dos solicitudes, ambas por delitos sobre la ordenación del territorio. En la primera de ellas, los hechos se remontan al 14 de abril de 2004, cuando se aprobó el proyecto de ejecución de la entidad Renta 95, S.L. para edificar nueve bloques de viviendas plurifamiliares, si bien el reclamado conocía la imposibilidad legal de dicha decisión al exceder la edificabilidad permitida en una zona calificada como “unifamiliar exenta”. La segunda, corresponde a la aprobación el 5 de febrero de 2004 de otro proyecto similar de construcción de 42 viviendas unifamiliares por parte de la promotora TAU Tres, S.L., existiendo las mismas limitaciones normativas.
La última de las ampliaciones de solicitud de extradición corresponde al Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella por supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial cometidos el 1 de abril de 2004 como miembro de la Junta de Gobierno Local. En esa fecha se aprobó un supuesto proyecto de instalación eléctrica e iluminación del Puerto Deportivo de Marbella por un importe cercano a los 480.000 euros a través de un contrato ficticio con una entidad denominada Entidad Mapulsur S.L. En realidad, dichas obras habían sido ejecutadas con anterioridad a costa de las arcas municipales, creando así una apariencia administrativa inexistente para apoderarse de capitales públicos.
