Un ex alto cargo de Felipe González al frente del equipo jurídico del PGOU Se trata del catedrático Luciano Parejo, considerado uno de los mayores expertos de España en ordenación del territorio y urbanismo ;El PSOE propuso su nombre en 1992 para ocupar plaza en el Tribunal Constitucional ;Fue director general del Instituto de la Administración Local (1983-1985), subsecretario de los Ministerios de AdministraciónTerritorial (1985-1986), y para las Administraciones Públicas (1986-1987) ; También fue presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (1987-1989) ;Se le considera autor y 'padre' en 2006 del Anteproyecto de Ley del Suelo Estatal que presentó la ministra socialista de Vivienda María Antonia TrujilloSe trata del catedrático Luciano Parejo, considerado uno de los mayores expertos de España en ordenación del territorio y urbanismo ;El PSOE propuso su nombre en 1992 para ocupar plaza en el Tribunal Constitucional ;Fue director general del Instituto de la Administración Local (1983-1985), subsecretario de los Ministerios de AdministraciónTerritorial (1985-1986), y para las Administraciones Públicas (1986-1987) ; También fue presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (1987-1989) ;Se le considera autor y 'padre' en 2006 del Anteproyecto de Ley del Suelo Estatal que presentó la ministra socialista de Vivienda María Antonia Trujillo

El catedrático de Derecho Luciano Parejo, en imagen de archivo, durante una conferencia

El catedrático de Derecho Luciano Parejo, en imagen de archivo, durante una conferencia

El catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo, ex alto cargo de gobiernos socialistas de Felipe González entre 1983 y 1989, está ya al frente del equipo jurídico de expertos, a modo de Unión Temporal de Empresas (UTE) que ha ganado el concurso convocado por el Ayuntamiento para elaborar un estudio jurídico sobre el nuevo PGOU de Marbella, por 170.000 euros (IVA incluido).

Parejo, estuvo hasta hace poco tiempo embarcado en tratar de sacar adelante el Plan General del Ayuntamiento de Vigo, encargo que le encomendó el alcalde socialista Abel Caballero, por un contrato menor (sin ser necesario concurso) tras ser anulado el PGOU por el Tribunal Supremo, en un caso muy similar a Marbella. Finalmente, la Xunta de Galicia tumbó el llamado ‘informe Parejo’, mediante el que se buscaba una vía rápida para solucionar el urbanismo vigués.  Todo ello después de que el Consejo Consultivo de Galicia emitiera un informe contrario a las tesis de este prestigioso jurista, considerado uno de los mayores expertos en la materia.

Luciano Parejo (Santa Cruz de Tenerife 1947) fue director general del Instituto de la Administración Local (1983-1985); subsecretario de los Ministerios de Administración Territorial (1985-1986), y para las Administraciones Públicas (1986-1987) y presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (1987-1989).  Cargos todos ellos vinculados a distintos gobiernos presididos por Felipe González.

Las hemerotecas reflejan también que en 1992 fue propuesto por el PSOE para formar parte del Tribunal Constitucional. Ya en 2006, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue el autor del anteproyecto de la Ley del Suelo que presentó por aquel entonces la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo

Parejo fue nombrado, bajo administración socialista, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP), cargo que a día de hoy ostenta en calidad de honorífico.

En 2016 el conocido bufete Gómez-Acebo & Pombo reforzó su equipo de Urbanismo con el ‘fichaje’ de Parejo, posiblemente el mayor experto de España en ordenación del territorio y el urbanismo, según coinciden distintas publicaciones jurídicas especializadas.

La concejala de Urbanismo de Marbella, Isabel Pérez, ha anunciado este lunes que el equipo de expertos en Derecho Administrativo que lidera Parejo se encargará de elaborar el informe jurídico en el que se basará el próximo PGOU del municipio. Sus trabajos comenzaron la pasada semana.

Pérez, que ha comparecido en rueda de prensa, ha señalado que el grupo de expertos está compuesto por los catedráticos de Derecho Administrativo Luciano Parejo Alfonso, de la Universidad Carlos III de Madrid; José María Baño León, de la Universidad Complutense de Madrid; Manuel Rebollo Puig, de la Universidad de Córdoba; y Diego José Vega Jurado, de la Universidad de Málaga, y contará con el apoyo de ocho abogados que pertenecen a las universidades de Málaga, Valencia y Córdoba.

Por lo que respecta a Diego Vera fue en Enero de 2015 cuando Marbella Confidencial publicó que el PSOE, liderado entonces por el actual alcalde José Bernal desde la oposición, tenía intención de cargar un informe jurídico a este conocido profesor de la UMA para que se pronunciara sobre la actuación de la entonces alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz,  por haber votado de forma favorable y no abstenerse en uno de los plenos en los que se trató el deslinde con Benahavís, concretamente el  28 de noviembre de 2014.

El propio Bernal aclaró, meses atrás, después de conocerse la contratación de Vera en la UTE para el PGOU que, finalmente, el PSOE no le encargó dicho informe al departamento de la UMA que dirige este especialista.

El grupo de juristas, que percibirá 170.000 euros con el IVA incluido, se hizo con la contratación en un concurso público que el Consistorio celebró en diciembre y al que concurrió, junto a otras ocho ofertas más, la propuesta de la Universidad de Málaga (UMA).

“El equipo de expertos está formado por prestigiosos catedráticos y abogados. Es un grupo de doce personas al frente del cual están cuatro expertos de reconocido renombre a nivel nacional en materia urbanística. Nos ponemos en manos de los mejores, de los que más saben, para buscar soluciones. Este equipo jurídico deberá marcar el camino y dar respuesta a dificultades tan importantes como las viviendas irregulares”, ha indicado la edil de Urbanismo.

Las palabras de la edil de Urbanismo al presentar al equipo asesor

Otro de los cometidos del grupo de expertos será confeccionar el pliego de condiciones para elegir al equipo redactor que elabore el planeamiento, ha añadido la concejala.

Este ‘comité de sabios’ dispone de un año para elaborar el informe y de seis meses para entregar el pliego de condiciones, ha indicado la edil, que ha asegurado que la medida es un “paso sólido más para seguir avanzando en la normalización urbanística del municipio según nuestra hoja de ruta”, informa Europa Press.

Pérez ha considerado “muy importante” contar con una “sólida base jurídica” antes de elaborar el PGOU ya que el municipio “no puede volver a permitirse que le anulen un PGOU”.

Una sentencia del Tribunal Supremo a finales de 2015 declaró nulo el PGOU de 2010, lo que ha obligado al equipo de gobierno a recuperar el plan anterior, de 1986, hasta la elaboración del nuevo planeamiento para tratar de garantizar la estabilidad del urbanismo.

La Corporación municipal aprobó de forma inicial en el Pleno de julio la adaptación del PGOU de 1986 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de rango autonómico.

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