Imagen de la discoteca playera Funky Buddha
El subinspector de Policía Local que ha comparecido este martes, como testigo, ante el juez instructor del ‘caso Funky Buddha’ ha ratificado ante el juez instructor, Miguel Ángel Gómez Torres, que existieron presiones y órdenes de un superior policial para que no se inspeccionara el club de playa cuyas obras ilegales no paralizó el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, principal imputado en este procedimiento penal.
Según ha podido saber este medio digital, el citado testigo no sólo ha ratificado el escrito que ya había dirigido al juez, sino que también ha aportado los nombres de otros dos agentes del citado cuerpo de seguridad que también recibieron supuestas presiones para no llevar a cabo inspecciones en el polémico establecimiento. Lo que no ha hecho a preguntas del juez es concretar quién o quiénes fueron los autores de esas supuestas presiones, por lo que no ha responsabilizado directamente al inspector –aludido en el primer escrito– de esta última acusación.
Por su parte, el inspector de Policía Local aludido en el escrito que el subinspector envió en diciembre al juez se ha desvinculado de cualquier presión u orden a los agentes, porque ha dicho que sólo trata con los mandos. En cuanto a los requerimientos de información cursados tras la inspección al club los ha enmarcado dentro de la rutina.
Sin embargo, el subinspector ha declarado previamente que en 30 años de profesión no había visto una actitud como la del inspector, quien le solicitó un escrito para que le informara de los motivos que condujeron a inspeccionar el ‘Funky Buddha’.
El subinspector también ha ratificado lo que ya había dicho en su escrito dirigido al juez sobre que desde la Policía Local se le remitieron unas invitaciones para la inauguración del club de playa objeto de esta investigación judicial.
Críticas por ser liberado sindical
El alto mando policial ha arremetido contra el subinspector, del que ha dicho que está “un poco desubicado en cuanto al funcionamiento de la jefatura” porque, según ha dicho, “en el último año sólo ha trabajado cuarenta días”, al ser liberado sindical.
Imputado el empresario Juan Carlos Ferrero
El empresario Juan Carlos Ferrero, también imputado en esta causa por un delito de desobediencia, ha asegurado que siguió adelante con las obras del ‘Funky Buddha’ porque si tiene que paralizar los trabajos cada vez que lleva a cabo un proyecto hostelero de estas características, para tener todos los papeles en regla, poco menos que no podría abrir ningún local. Ha declarado que cada vez que ha llevado a cabo proyectos se ha expuesto a sanciones administrativas que, posteriormente, ha abonado.
La desobediencia a la orden de paralización protagonizada por el empresario respondería, según sus tesis, a que la obra era legalizable y pretendía abrir a tiempo el establecimiento el pasado verano.
Cabe recordar que la propia alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha justificado la actuación del concejal de Urbanismo, al no paralizar las obras, en que éste buscaba “defender el interés general”, basado en la creación de puestos de trabajo. Una teoría muy criticada por la oposición, especialmente por el PSOE, que ejerce la acusación particular en el caso como denunciante.
Dos funcionarios declaran como testigos
Poco ha aportado la declaración de la administrativa Carmen Barrantes, hija del que fuera secretario municipal del Consistorio marbellí, Leopoldo Barrantes. Según las fuentes consultadas, esta funcionaria de Urbanismo ha declarado que transcribe los decretos que le marcan los informes jurídicos y se los pasa a la firma al concejal. No obstante, ha señalado que “no es normal” que se dejaran de firmas los decretos de paralización de obras, como hizo Moro.
Finalmente, también ha declarado como testigo otro auxiliar administrativo del área de Urbanismo, cuya declaración ha sido de mero trámite, según las fuentes citadas.
Estas noticias son muy preocupantes. ¿Estamos ante “el GIL con gaviota”? ¿Podría ser?
(¡Y pensar que yo les voté y hasta estuve un ratito en la mesa electoral! ¡Pero qué horror!)
La tesis de que el fin justifica los medios, atribuida a Maquiavelo, ha estado en el origen de todas las degradaciones morales que ha habido en la historia. Nadie que la defienda puede estar al servicio público, ya que se siente por encima de la ley. La torpe excusa de la alcaldesa deja en evidencia – una vez más – su sentido ético a la hora de gobernar.