El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, en una comparecencia reciente. FOTO/ PSOE
El secretario provincial del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, exigió este domingo a los líderes del PP, Pablo Casado, y del PP-A, Juanma Moreno, que destituyan o pidan la dimisión de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), por el caso de contrataciones supuestamente irregulares del Ayuntamiento, entre los años 2007 y 2015.
La petición del máximo dirigente socialista en la provincia se produce después de que el sábado se conociera el escrito de la Fiscalía de Marbella en el que se solicita trasladar al Tribunal Supremo (TS) el llamado ‘caso altos cargos’, con la consiguiente petición de imputación para la regidora, a su vez aforada por ser senadora por Málaga.
Ruiz Espejo se preguntó si “Moreno va a ser transparente o mantendrá las sospechas sobre este asunto”, tras “comprobar el modus operandi del PP en la Junta en materia de contrataciones, como es el caso de los vigilantes de la playa o de las contrataciones exprés con plazo de 24 horas y por orden de llegada, sin currículum y aprovechando la emergencia sanitaria de la COVID-19″.
Tuit del PSOE de Andalucía que recoge declaraciones de Ruiz Espejo
? Otro caso judicial que salpica al @ppandaluz ? Un asunto grave relacionado con la gestión de @AngelesMunoz_ en el @AytoMarbella
? Moreno Bonilla y Casado SEGURO que tienen algo que decir… ¿Van a mantener a la alcaldesa en su cargo ante estas sospechas?
▶️ @ruiz_espejo pic.twitter.com/nxdYdu1pUg
— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) July 12, 2020
El dirigente socialista censuró en un comunicado, recogido por la agencia Efe, la “doble vara de medir del PP” y reclamó que “digan con claridad si van mantener al frente del Ayuntamiento de Marbella a Muñoz, tras destaparse este grave asunto que de nuevo salpica a la gestión del PP, y especialmente, si el caso es aceptado por el Tribunal Supremo, tal y como pide la Fiscalía”.
En su escrito del pasado 29 de junio, notificado a las partes el 9 de julio, la fiscal Isabel Contreras sostiene que “lejos de cumplir con la legalidad vigente, con conocimiento de los intervinientes, las contrataciones se efectuaron de forma totalmente arbitraria, sin que existiera procedimiento alguno para las mismas, omitiéndose la transparencia y la publicidad de la convocatoria y sus bases, vulnerándose por tanto los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público”.
