La Fiscalía pide imputar ante el Supremo a Ángeles Muñoz por la contratación irregular de diez altos cargos del PPEl Ministerio Público eleva su solicitud al alto tribunal al ser la alcaldesa aforada, como senadora del Partido Popular, por lo que el TS tendría que pedir el suplicatorio al Senado

El fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, en imagen de archivo, tras saludar a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. FOTO/ JAVIER MARTÍN

El fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, en imagen de archivo, tras saludar a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. FOTO/ JAVIER MARTÍN

Nuevo movimiento de calado en el llamado ‘caso altos cargos’ que se instruye en el Juzgado de Instrucción 3 de Marbella. La Fiscalía ha dirigido un escrito al instructor, Gonzalo Dívar, para que se sigan actuaciones ante el Tribunal Supremo contra la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, que a su vez es aforada y, por tanto, no está sometida a las actuaciones que tutela el citado magistrado. Según el documento al que ha tenido acceso Marbella Confidencial, la fiscal personada en este procedimiento aprecia indicios de los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos en la contratación de diez altos cargos del Partido Popular entre los años 2007 y 2015, quienes ya han comparecido como investigados (antigua figura de imputados) en esta causa penal.

En el escrito del Ministerio Fiscal, de 49 folios de extensión y fechado el pasado 29 de junio, notificado a las partes el 9 de julio, se hace constar que “como ha quedado expuesto, todas las contrataciones por las que se considera pudiera haberse incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos, han sido efectuados por Ángeles Muñoz Uriol”, de ahí que  “procede remitir  las presentes actuaciones a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Todo ello una vez se practiquen las correspondientes diligencias para acreditar su condición de aforada y senadora, un protocolo habitual en este tipo de procedimientos judiciales.

La acusación pública, representada por la fiscal Isabel Contreras Bravo, firmante del escrito, expone también que “tales delitos no se hubieran podido cometer sin la existencia de un concierto entre los investigados”, en alusión al resto de encausados que ya han prestado declaración ante el juez. De hecho, la única que no ha comparecido, por razones obvias, es Muñoz. Ahora la fiscal cifra en más de 300.000 euros el perjuicio patrimonial causado a las arcas municipales, en relación con la contratación de algunas de estas  diez personas. Es la cantidad relacionada con el presunto delito de malversación de caudales públicos, uno de los tres cuya autoría atribuye a la aforada.

Ya desde el principio del caso, denunciado por el anterior equipo de gobierno del PSOE, OSP e IU, se daba por hecho que este magistrado tendría que inhibirse en favor del Supremo, al ser aforada la principal denunciada, Ángeles Muñoz.

El PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso de las supuestas contrataciones a dedo en el Ayuntamiento de Marbella, solicitó en marzo de 2019 que la regidora fuera citada a declarar como investigada por el Juzgado de Instrucción 3 marbellí, al haber perdido su condición de aforada en ese momento, previo a unas elecciones generales.

Esta petición se realizó dentro de las diligencias previas que se abrieron en abril de 2017 por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que habrían sido cometidos entre 2007 y 2015.

En concreto, se investiga la contratación por parte del Ayuntamiento, a través de organismos autónomos locales y sociedades municipales, de diez cargos de alta dirección, supuestamente sin ningún proceso selectivo.

Bernal siempre señaló a su antecesora, Ángeles Muñoz, como la persona que había firmado esos contratos durante los dos mandatos anteriores. El exalcalde llegó a cifrar en 400.000 euros el perjuicio patrimonial causado a las arcas municipales por la contratación de estas diez personas. Ahora la fiscal cifra el daño en 223.000 euros, que corresponden al presunto delito de malversación de caudales públicos que pretende imputar a la alcaldesa. 

 

Escrito de la Fiscalía, en el que se exponen los motivos para solicitar la imputación de Ángeles Muñoz, ante el Tribunal Supremo, por la contratación de altos cargos en el Ayuntamiento

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