Bernal asegura que el Consejo Consultivo de Andalucía recomendó denunciar los contratos de Muñoz a cargos del PPEl portavoz municipal del PSOE de Marbella se ha referido a su etapa como alcalde, cuando en 2016 decidió denunciar estos contratos de alta dirección ;Le ha recordado a la alcaldesa que "no fue el PSOE quien denunció los hechos, sino el equipo de gobierno del Ayuntamiento", compuesto por PSOE, OSP e IU

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Pepe Bernal, este jueves en rueda de prensa. FOTO/ CABANILLAS

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Pepe Bernal, este jueves en rueda de prensa. FOTO/ CABANILLAS

“El Consejo Consultivo de Andalucía recomendó que se llevara a los tribunales porque entendía que existían una serie de irregularidades”. Así se ha pronunciado este jueves el exalcalde de Marbella Pepe Bernal (PSOE) sobre el llamado ‘caso altos cargos’ en el que un juez investiga los contratos de alta dirección de una serie de personas vinculadas a anteriores equipos de gobierno de la actual alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz, a quien la Fiscalía pide investigar ante el Supremo por los presuntos delitos de fraude en contratación, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.

Al ser preguntado, en rueda de prensa, el actual portavoz municipal socialista ha querido aclarar tales extremos después de que el pasado martes la regidora marbellí hablara del Partido Socialista como denunciante del caso: “Fue el Ayuntamiento que yo presidía quien denunció estos hechos, y luego el PSOE se personó como acusación”, ha esgrimido Bernal para puntualizar que fue una decisión adoptada “en junta de gobierno local”, de la que formaban parte Izquierda Unida y Opción Sampedreña (OSP).

Bernal ha dado a conocer la existencia de una serie de informes del Consejo Consultivo, mencionados por la fiscal del caso, Isabel Contreras, en su último escrito. En ellos, afirma el exalcalde, “no sólo informó favorablemente a los procedimientos que estaba haciendo el Ayuntamiento de Marbella, sino que recomendó que se llevara a los tribunales, porque entendía que existían una serie de irregularidades”.

Para negar cualquier intencionalidad política de su partido, tras la denuncia como alcalde, Bernal ha precisado que “quien preparó los expedientes que terminaron en los tribunales fueron habilitados [nacionales] y altos funcionarios del Ayuntamiento de Marbella”, por lo que el exalcalde insiste en que “no hay ni una mácula en el procedimiento que vaya en contra o planteee alguna carga política” hacia la gobernante del Partido Popular y senadora (aforada) de esta formación.

Bernal ha lamentado que, tras la moción de censura contra su gobierno (agosto de 2017) que protagonizaron PP y OSP “se cambiaran los jefes de servicio, casualmente, e incluso no se trasladaron a los juzgados peticiones que se hacían al departamento de Recursos Humanos o al propio Ayuntamiento, o bien se trasladaban unas respuestas muy ambivalentes, por lo que tanto Fiscalía como el propio, tuvieron que volver a pedirlo dos o tres veces para que pidieran las respuestas solicitadas”.

De hecho, ha ahondado el exalcalde, “la propia fiscal, al final de su informe, dice que todavía está esperando información, documentación del Ayuntamiento que no le llega”. Al hilo de este reproche  Bernal ha enfatizado que “mientras yo fui alcalde puse el Ayuntamiento a disposición de la Justicia y otros parece que están más atentos a otras cuestiones que a intentar dilucidar o solventar no solamente un procedimiento judicial, sino la imagen impecable del gobierno de una ciudad que es lo que debe de ser”.

Versión de fuentes de las defensas sobre los informes del Consultivo

Marbella Confidencial se ha puesto en contacto con fuentes jurídicas vinculadas a las defensas en el ‘caso altos cargos’ para recabar su versión sobre los informes del Consejo Consultivo a los que ha aludido Bernal. Abogados personados en la causa que instruye el juez Gonzalo Dívar sostienen que dichos informes “se referían a la nulidad de esas contrataciones, nulidad de carácter administrativo y efectivamente esos dictámenes están en la causa y la razón por la que el Consultivo estimaba que esas contrataciones eran nulas, desde el punto de vista administrativo, era por no haberse seguido el procedimiento de convocatoria pública, mérito, capacidad etcétera”, han enumerado.

Lo que no recuerdan estas fuentes es que “en ningún caso el Consultivo recomendara al Ayuntamiento acudir a los tribunales, porque en todo caso serían las personas contratadas las que, al declararse la nulidad de su contratación, tendrían que acudir a los tribunales, como así hicieron, y en la jurisdicción social se les consideró contratados indefinidos“, han zanjado.

Más allá de lo dicho por estas fuentes de las defensas hay que diferenciar lo que es la jurisdicción penal, de la que entiende el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, para dirimir si hubo delitos de fraude en la contratación, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, y otra bien distinta es la jurisdicción de lo Social, que otorgó la razón a los ahora imputados al dictaminar que sus despidos fueron improcedentes. Fue entonces cuando el equipo de gobierno que presidía Bernal, al tener que asumir el coste de dichas contrataciones –cifradas ahora en más de 370.000 euros de perjuicio patrimonial a las arcas municipales por la Fiscalía– decidió acudir a los tribunales al considerar que hubo un “fraude de ley” en los contratos de alta dirección, que no fueron tales en cuanto a las responsabilidades que desempeñaba esta decena de personas encausadas.

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