Un tribunal anula el cambio de estatutos de la Mancomunidad que impulsó el PPEXCLUSIVA.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga entiende que la modificación tuvo que contar con la aprobación en Pleno de los once municipios del ente supramunicipal ;El fallo no es firme y cabe recurso de casación ;El conocido abogado Diego Martín Reyes, expresidente de la Comisión Gestora de Marbella entre 2006-2007 ha llevado la representación de Ojén, uno de los tres ayuntamientos que recurrieron, junto a Casares, Istán y Manilva ;Los 'populares', con Margarita del Cid al frente, promovieron la modificación estatutaria para que los ayuntamientos con más población tuvieran una mayor representación, lo que les permitió superar en vocales a PSOE e IU, cuando antes todos tenían dos representantes en la Comisión Gestora ;Si no se presenta recurso, o el fallo es ratificado por el Supremo, el PP podría perder incluso la presidencia del ente supramunicipal

Los representantes del PP votando este lunes el cambio de estatutos en Mancomunidad

Los representantes del PP votando el cambio de estatutos en Mancomunidad, en una imagen de archivo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga ha anulado la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de la Costa del Sol que impulsó el PP en septiembre  2014 para cambiar la representación de vocales de cada uno de los once municipios de la comarca, según una sentencia emitida a mediados de julio y a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial.

El tribunal entiende que la modificación de los estatutos tuvo que contar con la aprobación en Pleno de las Corporaciones que integran la Mancomunidad debido a la “voluntad asociativa” de éstos en el ente supramunicipal.

Así, los tres magistrados que componen el órgano sentenciador califican los cambios en los estatutos de “sustanciales” hasta el punto de que “más bien puede calificarse de nuevos estatutos”. Además, según el fallo de cinco páginas de extensión, se creó la Asamblea General, un nuevo órgano de representación, control de gobierno y representación “de especial relieve” y cuyas funciones y facultades “alteran sustancialmente la organización anterior”.

“Se procede a establecer un sistema de participación de los municipios que integran la comunidad completamente distinto al anterior. Todo lo cual lleva a concluir que, al socaire de la modificación, se ha procedido a una verdadera aprobación de los estatutos”, señala el tribunal.

La Sala apunta pero no entra a valorar las alteraciones que el cambios de estatutos ha producido sobre el sistema, de tipo proporcional, de participación de los municipios en el ente mancomunado.

El recurso que ha dado origen a la sentencia fue presentado por los ayuntamientos de Casares, Ojén, Manilva e Istán, los municipios con menos población de la Costa del Sol y, por ello, más perjudicados con el cambio de estatutos, contra la propia mancomunidad y los consistorios de Fuengirola, Marbella y Benalmádena, que se encuentran entre las ciudades más habitadas de la comarca. Los demandados, a los que la Sala obliga a pagar las costas procesales, tienen un mes de plazo para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El abanico de posibilidades que se abre ahora

Fuentes jurídicas consultadas por este medio digital, relacionadas con el proceso judicial, discrepan en cuanto a que pueda producirse una ejecución provisional de la sentencia, que supondría una vuelta al status quo inicial de los órganos de gobierno del ente supramunicipal antes de que el Supremo decidiera.

No obstante, las fuentes citadas no descartan que la administración que preside la ‘popular’ Margarita del Cid desista de presentar recurso de casación dada la condena inicial en costas, que podría incrementarse sobremanera en el Supremo, en caso de cosechar un nuevo fallo adverso.

La vuelta a los estatutos de Mancomunidad previos al cambio ejecutado por el PP supondría, incluso, que el PP pudiera perder la presidencia del ente y afectaría también a los órganos ejecutivos de la empresa Acosol.

Si el Supremo corrobora la sentencia de primera instancia “se tendrían que revisar todos aquellos actos que se hubieran llevado a cabo con arreglo al estatuto ahora anulado y podría afectar incluso a nombramientos que se hayan hecho”, indican los juristas consultados.

Una nueva votación en la Comisión Gestora de Mancomunidad, para elegir nueva presidencia, con la participación en igualdad de los ayuntamientos pequeños, los más perjudicados por la decisión del PP, podría dar lugar a un cambio de gobierno.

Lo que está claro es que, si finalmente se interpone recurso de casación ante el Supremo, antes de las elecciones municipales de 2019 habría que ejecutar el fallo si el alto tribunal lo refrenda.

Se da la circunstancia de que el conocido abogado Diego Martín Reyes, expresidente de la Comisión Gestora de Marbella entre 2006-2007 ha llevado la representación de Ojén, uno de los cuatro ayuntamientos que recurrieron, junto a Istán, Casares y Manilva. Todos ellos en manos de PSOE IU y una escisión de este último partido en Manilva.

La modificación estatutaria que aprobó el PP, en septiembre de 2014,  propició un giro de 180 grados en cuanto a representación de cada municipio. Al primar los de mayor peso poblacional, tales como Marbella, Mijas, Torremolinos y Fuengirola- alcaldías que ostenta actualmente el PP- los conservadores se aseguraron tener mayor representación que PSOE e IU, aunque perdieran el gobierno municipal en las citada localidades. De hecho,  cuentan con más vocales que sus rivales con sólo ser la lista más votada.

Los municipios mayores tienen más representantes que los pequeños, en lugar de los dos por ayuntamiento que tenían antes del golpe de efecto del PP, que se llevó a cabo con un informe contrario del secretario de Mancomunidad, tal y como denunciaron PSOE e IU. El fedatario público resolvió en aquel entonces que este acuerdo, ahora anulado, debía pasar por los plenos de los once ayuntamientos que componen el ente con sede en Marbella.

hidrallia

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