Los concejales de IU, Miguel López (izqda) y Enrique Monterroso en imagen de archivo
“Nefasta política en materia de recursos humanos”. Así califica el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marbella la gestión de dicha área, en manos de Lourdes Martín-Lomeña, alto cargo de confianza del PP adscrita a la delegación que ostenta el coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio.
Según la documentación hecha pública por los ediles de IU, Enrique Monterroso y Miguel Díaz, “las actas de las juntas de gobierno locales demuestran que sólo en los meses de abril y mayo se dieron hasta 16 resoluciones contra actuaciones laborales del Ayuntamiento de Marbella”.
Afirman los concejales opositores que hay ” frecuentes casos de vulneración de derechos laborales y las consiguientes sanciones económicas derivadas de multas, indemnizaciones y recargos”.
Destacan la sanción de la Tesorería de la Seguridad Social a raíz de la cual el Consistorio marbellí ha desembolsado la cantidad de 64.253 euros de fondos públicos que “tendrían que haberse destinado a políticas sociales o inversiones, si el gobierno del PP no hubiese vulnerado la legislación laboral a la hora de contratar a los empleados del servicio de socorrismo acuático durante varios años”, denuncia IU.
El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó al Ayuntamiento de Marbella a indemnizar a un trabajador con la cantidad de 1.800 euros, por vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical. La resolución se fundamentaba en daños provocados con “actuaciones prepotentes y fuera de lugar con carácter intimidatorio y ejemplarizante”.
Condena por prácticas antisindicales hacia un delegado de CGT
La condena contra la administración municipal que preside la popular Ángeles Muñoz se basaba en “prácticas antisindicales hacia un delegado de CGT, declarando vulnerado el Derecho Fundamental a la Libertad Sindical”, recuerda Díaz.
Para la federación de izquierdas, “llama la atención que sólo en las juntas de gobierno de los meses de abril y mayo se documenten hasta 16 casos de revocación de sanciones impuestas por Recursos Humanos”. Se establece la obligatoriedad para el reconocimiento de derechos vulnerados. Además, se emplaza al equipo de gobierno del PP a que se satisfagan las reclamaciones de cantidades.
En la mayoría de los casos estas resoluciones judiciales contrarias al Ayuntamiento, precisan desde IU, “suponen un cantidad económica a desembolsar, que oscila entre los 1.000 y los 10.000 euros”.
La suma de todo ello, más los intereses de demora que llevan aparejadas algunas resoluciones “suponen un importante desembolso que tendría que dedicarse a políticas sociales, no a pagar la factura del talante antisocial del gobierno de Muñoz contra los trabajadores municipales”.
Para la formación de izquierdas “más allá incluso de las sanciones económicas, es intolerable que una administración pública tenga tan poco respeto a la ya de por sí esquilmada legalidad laboral vigente, tras los ataques del PP desde el Gobierno de España”.
La “falta de cumplimiento” de los derechos laborales no se queda en la plantilla municipal, añaden desde la coalición. También se reproduce en las contrataciones externas para obras realizadas por el Ayuntamiento. Alertan igualmente desde IU acerca de la prevención en materia de riesgos laborales.
En un reciente escrito dirigido a la alcaldesa, el sindicato CC.OO denunció el “incumplimiento sistemático” de la jornada laboral pactada en la mayoría de las obras que realizan empresas externas contratadas por el Ayuntamiento.
