Muñoz elude responsabilidades en la contratación de cargos del PP que investiga un juezLa exalcaldesa sostiene que quien tendrá que dar explicaciones es el actual gobierno tripartito marbellí, "por los despidos" ;Se trata del primer pronunciamiento de la exalcaldesa conservadora y actual senadora desde que el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, abriese diligencias tras la denuncia del Ejecutivo que preside José Bernal ;La concejala 'popular' llevaba sin comparecer públicamente en Marbella desde el pasado 5 de mayo

AMBROSIA
La exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz (PP), este viernes en rueda de prensa junto al edil Javier García, exdelegado municipal de Obras.FOTO/ MC

La exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz (PP), este viernes en rueda de prensa junto al edil Javier García, exdelegado municipal de Obras.FOTO MC

“Lo que tendremos que preguntar es de qué manera los despidieron, eso lo tendrá que decir el actual equipo de gobierno, que fue el que llevó a cabo los despidos”. De esta forma ha eludido cualquier responsabilidad la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, tras ser preguntada este viernes sobre la investigación del juez Gonzalo Dívar, en relación con la contratación de cargos del PP que ella llevó a cabo durante su mandato (2007-2015), después de apreciar indicios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Ha sido el primer pronunciamiento oficial de la también senadora sobre este asunto judicial, que se dio a conocer el pasado 20 de abril. Desde entonces Muñoz había guardado un silencio absoluto. Ahora, la edil opositora se muestra “absolutamente segura” de que “en el momento que se estudien los expedientes [de contratación] sabrán cuál fue la voluntad del equipo de gobierno”, ha dicho en alusión al Ejecutivo que ella presidía.

Tras dos semanas ausente de la vida pública de Marbella –su última aparición fue el 5 de mayo– la exalcaldesa Ángeles Muñoz, actual líder de la oposición municipal que encabeza el PP, se ha pronunciado sobre las diligencias abiertas por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad, Gonzalo Dívar, tras apreciar malversación de fondos públicos en las contrataciones de cargos del PP bajo su mandato como regidora (2007-2015).

Dívar abre las diligencias previas contra “quienes resulten responsables en el transcurso de la instrucción de la causa”. Porcuna ha destacado en este punto que el equipo de gobierno “sabe y ya adelantó” que fue Muñoz la que, en calidad de alcaldesa o de consejera delegada de algunas sociedades, firmó las contrataciones.

Antes de la entrada del auto de Dívar, el Consistorio recibió un escrito del fiscal jefe del Área de Marbella en el que solicitaba al equipo de gobierno la misma documentación que la requerida por el titular del Juzgado de Instrucción 3, además de un informe del Consejo Consultivo de Andalucía emitido el 21 de diciembre de 2015. El equipo de gobierno preparó la información en formato papel y digital. Sin embargo, antes de convocar la Junta de Gobierno para que el tripartito aprobara el envió de la documentación, llegó el escrito de Dívar.

“Hay una diferencia enorme entre los escritos del Fiscal y del juez y es que éste último ya abre diligencias previas y define los delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos”, ha señalado Porcuna.

Cargos de alta dirección sin poderes

Fue el actual Ejecutivo que preside José Bernal el que envío una denuncia a la Fiscalía, que a su vez ha dirigido la acusación al Decanato de los Juzgados de Marbella, donde ha recaído por reparto en el citado magistrado, que ya instruye otra causa sobre la presunta falsificación del PGOU de 2010 en la que se investiga a la exedil de Urbanismo Alba Echeverría (PP) tras ser denunciada la exregidora Muñoz, actualmente aforada por ser senadora. Además también está encausado el vicesecretario municipal Javier de las Cuevas.

Parte de los empleados contratados como cargos de confianza o de alta dirección lograron ser readmitidos en el Ayuntamiento tras conseguir en los tribunales sentencias en las que se señalaban que sus despidos se realizaron en fraude de ley. Otros trabajadores optaron por percibir una indemnización y renunciar a sus puestos.

El equipo de gobierno consideró que estas contrataciones conllevaron un “daño” al Ayuntamiento del que se podría derivar “algún tipo de responsabilidad penal”, por lo que, tras solicitar informes a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, puso los hechos en conocimiento de Fiscalía.

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1 Comment

  1. Ya conocemos la camarilla de Marbella PP , tenian que entrar por loles y los que seguiran entrando si vuelve a salir.
    Eso pasa con el monopolio gobernante
    tendrian que haber observadores del gobierno central . Como en los paises subdesarrollados cascos azules.

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