La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, este lunes durante su comparecencia telemática . FOTO/ Ayuntamiento de Marbella
Siempre se suele decir que los gobernantes pasan y sus deudas permanecen, en la administración pública, para quienes les suceden en el cargo. En esta ocasión, en lo que respecta a la herencia de una deuda originada por los gobiernos del GIL, en el Ayuntamiento de Marbella, no ha sido así.
El Consistorio que preside la ‘popular’ Ángeles Muñoz ha logrado una sentencia firme de la Sección Octava de la Audiencia de Málaga que exime a la administración local de tener que abonar 23 millones de euros, en concepto de una deuda contraída a partir de 1992, relacionada con el servicio de recogida de basuras y residuos que prestó la empresa Segema S.A. (ya disuelta), cuya deuda asumió luego la mercantil Inusa.
Asimismo, el fallo judicial establece que Marbella recupera patrimonio municipal, por valor catastral de 1,5 millones de euros, que había sido entregado de forma irregular a Inusa, por parte de exgobernantes del GIL ahora condenados por prevaricación administrativa y fraude a la administración pública.
Ha sido la propia Muñoz la encargada de hacer público el fallo judicial firme en la mañana de este lunes, en el marco de una nueva comparecencia sin preguntas. No obstante, Marbella Confidencial se ha puesto en contacto con la alcaldesa, después de su intervención, para elaborar esta información.
Muñoz, así como otras fuentes municipales cercanas a la asesoría jurídica del Ayuntamiento, han contestado todas las preguntas y dudas que les ha formulado este medio digital, a falta de poder tener acceso a la resolución judicial, dictada por la Sección Octava del tribunal provincial y notificada en febrero de este año, si bien la regidora recibió días atrás, ante notario, la entrega de bienes a favor del Ayuntamiento.
Los hechos objeto de esta auténtica maraña judicial –muy propia de la delictiva gestión que rodeó la era GIL– se remontan a 1992, cuando el equipo de gobierno de Jesús Gil adjudicó el servicio de recogida de basura y limpieza diaria la empresa Segema S.A. (actualmente extinguida), a la que nunca quiso pagar, un modus operandi habitual en Gil y Gil.
En el año 2006, a raíz del ‘caso Malaya’, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una querella en los Juzgados de Marbella. El fiscal Juan Carlos López Caballero denunciaba cerca de un centenar de operaciones urbanísticas; entre ellas los convenios de cesión de bienes municipales por impagos de la deuda contraída con Segema, asumida por la entidad Inusa, que la sustituyó.
El llamado ‘caso convenios’
Se trataba de las diligencias previas 3390/06, el llamado ‘caso convenios’, que recayó en la titular del Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, dirigido por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, conocida luego por ser la instructora del llamado ‘caso master’ contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
En el marco de las citadas previas instruidas en Marbella el Ayuntamiento, personado como acusación, presentó un escrito en el que alegó un perjuicio patrimonial a la administración municipal “porque se habían infravalorado bienes por valor de 13,8 millones de euros”, con el fin de saldar la deuda con Inusa.
La antigua concesionaria de basura, Segema, ganó una sentencia en la vía de lo contencioso administrativo (TSJA) contra el Ayuntamiento de Marbella, en enero de 1995, por importe de 34 millones de euros. En 1998 dicha cantidad se amplió a 46 millones de euros, tras incluirse los intereses.
Como consecuencia de los bienes que se le entregaron a Segema, por parte de las arcas municipales, en el año 2012 la deuda a la que tenía que hacer frente Marbella se fijó en 17 millones de euros más interés (23 millones).
Dado que Marbella reclamaba 13,8 millones en la vía penal, por el perjuicio causado a sus arcas, y Segema –luego Inusa– solicitaba 23 millones, se llegó a una compensación de deuda.
Acuerdo de compensación de deuda
Inusa asumió su responsabilidad civil, renunció al cobro del resto de la deuda que hasta ese momento reclamaba a las arcas marbellíes y devolvió al Consistorio una serie de bienes patrimoniales cuya entrega se había anulado por otra vía judicial. Todo ello después de que un consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Manuel Chaves, impugnara en 2002 una operación de entrega de bienes municipales que fueron sustituidos por otros que son los que ahora, en 2020, recibe Marbella.
Así pues, la administración que preside actualmente Muñoz ha evitado el pago de los 23 millones de euros y recupera una nave en el Polígono Industrial de San Pedro Alcántara; un apartamento; una vivienda; y una parcela de 100.000 metros cuadrados de superficie ubicada en la carretera que conecta Marbella con Istán.
El valor catastral de todo este patrimonio asciende a 1,5 millones de euros y el Ayuntamiento lo quiere enajenar para comprar suelo y desarrollar vivienda pública, ha anunciado la alcaldesa
La sentencia recoge una atenuante por reparación del daño causado
La sentencia de la Audiencia de Málaga, conocida este lunes, recoge una atenuante específica para los acusados por la reparación del daño causado a las arcas locales, por lo que aplica rebaja de penas que se solicitaban para los encausados que se sentaron en el banquillo en enero de 2020 y llegaron a un acuerdo de conformidad. Se trataba del exasesor urbanístico municipal, Juan Antonio Roca, así como del exalcalde Julián Muñoz y otros tenientes de alcalde que conformaron las comisiones de gobierno.
Todos ellos son condenados por delitos de fraude a la administración pública y prevaricación administrativa, que sólo acarrean penas de inhabilitación, en el marco del gran pacto global alcanzado con Fiscalía años atrás por los juicios urbanísticos. A otros tros dos encausados, directivos de Inusa, se les condena por el primero de los delitos objeto de enjuiciamiento.
Las fuentes jurídicas consultadas por este medio digital han explicado que, al haber existido una reparación del daño causado al Ayuntamiento de Marbella, “se diluye mucho la acción penal”.
Ángeles Muñoz, que ha calificado de “saqueo sistemático” la gestión de los gobiernos del GIL (1991-2006) se ha congratulado de esta sentencia así: “Después de muchos años de reclamaciones y recursos en todas las vías, por fin cerramos este procedimiento por el que no tendremos que pagar ni un solo euro y que además nos ha permitido recuperar una pequeña parte de nuestro patrimonio”, ha concluido.
