Marbella incluirá seis millones en el presupuesto de 2021 para mantener la gratuidad del autobús a empadronados Supondrá un incremento en más de 1,3 millones de euros con respecto a este ejercicioSupondrá un incremento en más de 1,3 millones de euros con respecto a este ejercicio

De izqda a drcha Enrique Rodríguez, Ángeles Muñoz y Baldomero León. FOTO/ Ayto de Marbella

De izqda a drcha Enrique Rodríguez, Ángeles Muñoz y Baldomero León. FOTO/ Ayto de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella incluirá una partida de seis millones de euros en los presupuestos municipales de 2021 para mantener la gratuidad del transporte urbano a los empadronados, lo que supondrá un incremento en más de 1,3 millones de euros con respecto a este ejercicio.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha subrayado que seguirán apostando por esta medida “que supone un ahorro directo para el bolsillo de los ciudadanos”, al tiempo que ha subrayado el “esfuerzo” que supondrá “dentro de unas cuentas donde tendrán un peso importante el gasto social y las bonificaciones y donde habrá una previsible reducción de los ingresos debido a la pandemia”.

La regidora ha hecho balance del primer año y medio de funcionamiento de la Tarjeta Municipal de Movilidad, que habilita a los ciudadanos empadronados para el uso gratuito del autobús urbano, y ha indicado que a día de hoy se han emitido 64.085 títulos, 10.426 para personas mayores.

En este punto, ha informado de que esta gratuidad del servicio se prorrogará desde abril de 2021 por un periodo de dos años más, hasta abril de 2023. Para la renovación de las tarjetas, ha avanzado que se está diseñando desde la Delegación de Transportes un sistema informático que evite que los titulares tengan que realizar los trámites de manera presencial, a lo que se sumará la puesta en marcha de una aplicación para poder alojar la identificación en el teléfono móvil.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando por un servicio de calidad y sostenible acorde con las necesidades de nuestra ciudad”, ha afirmado Muñoz, quien ha abundado en que la inversión para el próximo ejercicio también se destinará a costear el aumento de frecuencias y la creación de las nuevas líneas que se han impulsado para dar respuesta a las demandas de los usuarios.

Acompañada del concejal de Transportes, Enrique Rodríguez, ha indicado que desde la puesta en marcha de la tarjeta el 1 de mayo de 2019, hasta abril de este año, un total de 3,8 millones de viajeros utilizaron el transporte urbano, lo que supuso un incremento del 67,10 por ciento respecto al año anterior. De ellos, el 72 por ciento disfrutan de la gratuidad del servicio, lo que se traduce en 2,7 millones de pasajeros anuales.

Ha incidido además en que, pese a que en julio y agosto descendió el número de usuarios un 21 por ciento, el uso de las tarjetas solo cayó un cuatro por ciento, “lo que demuestra que se sigue apostando por el transporte público como medio de movilidad seguro”.

La alcaldesa ha recordado que a las líneas municipales se suman la 76 y 78, de titularidad autonómica, que unen Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara con el Hospital Costa del Sol pero donde también puede utilizarse la Tarjeta Municipal de Movilidad.

“Tras años de reclamaciones, no ha habido disposición en solucionar este asunto hasta el cambio de gobierno al frente de la Junta”, ha señalado la regidora, quien ha apuntado que actualmente el trámite para la cesión definitiva está en el Consejo Consultivo de Andalucía.

Mientras tanto, ha agregado, se acordó que los usuarios empadronados en la ciudad pudieran disfrutar de la gratuidad, lo que supone más de 736.000 viajeros anuales de los 1,2 millones que registran ambas líneas que se han beneficiado también de esta iniciativa.

Por último, ha añadido que se va a modificar la actual ordenanza municipal del transporte público para introducir algunas novedades relativas a la actual crisis sanitaria, como la obligatoriedad de cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, o aspectos como la autorización de la presencia de perros de acompañamiento a víctimas de la violencia de género; el régimen sancionador por un uso fraudulento de la tarjeta o el establecimiento de un coste simbólico por la reposición en caso de deterioro o pérdida.

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