Fachada principal del edificio de la delegación de Derechos Sociales, dirigida por Izquierda Unida
Durísimo comunicado el que han emitido este martes los trabajadores de la Delegación de Derechos Sociales, dirigida por Izquierda Unida, en el que acusan a la edil de Podemos Victoria Mendiola de “desprestigiar” su labor y “particularmente” su profesionalidad, honorabilidad e imagen pública y le piden una rectificación pública. De no hacerlo Podemos, se reservan acciones legales. Todo ello tras la última rueda de prensa protagonizada por la concejala opositora este lunes, cuando criticaba de forma muy beligerante la gestión que se lleva a cabo en la Oficina de Intermediación Hipotecaria cuyo personal, según dijo, “no está preparado” para actuar en casos de desahucios.
La plantilla que dirige la concejala delegada del área, Victoria Morales, considera que las manifestaciones de Mendional han dado lugar a “una serie de falsas especulaciones en torno al correcto funcionamiento de los servicios públicos sociales”. De hecho, el personal que suscribe el comunicado cree que las declaraciones de la edil de Podemos “no se han realizado desde una labor critica de oposición, sino que han apuntado directamente al trabajo técnico que se realiza”.
Defienden que ellos prestan sus servicios “con total y absoluta profesionalidad, en un Área tan sensible como son los Servicios Sociales”, reza el documento dirigido a los medios de comunicación.
Sostienen, además, que los protocolos, procedimientos y tramitaciones en general que tramitan y gestionan los empleados públicos “están sujeto a Ley y responden a los principios del procedimiento administrativo”.
Insisten en que las polémicas declaraciones que viene haciendo Mendiola “dificultan nuestra labor, generando una imagen de desprestigio en la ciudadanía y alentando las agresiones y acciones de violencia, como se viene viendo en los sectores sanitario y educativo”.
Ante todos estos hechos exigen a CSSP-PoDEMOS que “se retracte públicamente de sus declaraciones, para poner en salvaguarda la honorabilidad y la integridad de los Servicios Públicos Locales en general, y de los Servicios Sociales en particular, así como de los empleados públicos que con todo rigor y profesionalidad prestan sus servicios en los mismos”.
Concluyen con una advertencia: de no producirse una rectificación pública se reservan el derecho de emprender las “acciones legales pertinentes, tendentes a defender nuestra profesionalidad y honorabilidad”.
