El arquitecto Jesús Flores, responsable del estudio Marbella Arquitects
“Es una sentencia que genera muchísima inquietud y es una auténtica bomba”. Así se ha pronunciado el conocido arquitecto marbellí Jesús Flores, responsable del estudio Marbella Arquitects, tras analizar las tres resoluciones del Supremo que anulan el PGOU de 2010. Este urbanista considera que el Ayuntamiento de Marbella debe explicar “el dilema que tiene con 16.000 viviendas irregulares”, que habían sido legalizadas.
En declaraciones a Marbella Confidencial, Flores destaca que “el único Plan General vigente es el del 86”. Esto quiere decir, recalca el arquitecto, que “todas las disposiciones de licencias obras, primera ocupación y demás procedimientos basados en el de 2010, ahora mismo quedan en entredicho y la ley dispone que habría que revisarlas de oficio”.
Lo que dicta la jurisprudencia
No obstante la jurisprudencia dicta, prosigue el arquitecto, que las licencias de obra, primera ocupación, autorizaciones y procedimientos administrativos varios iniciados, o concedidos al amparo de una disposición general como es el PGOU, habrán de seguir tramitándose en base a ese PGOU mientras no se produzca la revisión del acto administrativo y concluya el procedimiento que “es de por sí largo y sinuoso y que podría incluso no llegar a producirse si se encuentra a tiempo una alternativa legalmente válida”, explica desde su estudio.
Para este profesional, que ha denunciado en los tribunales al exdelegado de Urbanismo del PP, Pablo Moro –exedil procesado y a la espera de juicio por el ‘caso Funky Buddha’– la resolución conocida este miércoles genera una situación de “incertidumbre terrible”, porque, a su juicio, “la inseguridad jurídica en este momento en Marbella ha llegado a extremos absolutamente insoportables”. Estamos hablando de que un Plan General que pretendía traer la normalización a la ciudad y regularizar viviendas ejecutadas de manera ilegal se ha tumbado de manera contundente por parte del Supremo.
Más de 16.000 viviendas en situación irregular
“Todas esas viviendas, más de 16.00 que entraban dentro de la normalización, ahora mismo están en situación irregular. Habrá bancos que se echarán atrás en operaciones, tasaciones que tendrán que recoger esta sentencia, siendo como es el urbanismo y la actividad inmobiliaria un motor inmenso en el municipio”.
Flores cree que el Ayuntamiento “debe actuar de manera rápida, para tranquilizar a inversiones y ciudadanos, dando datos concretos pero ciertos”. Opina que “lo que no se puede ahora es garantizar una seguridad jurídica que el Ayuntamiento no puede garantizar, porque cualquier actuación que acometa al respecto va a tener que estar firmada por técnicos municipales y habilitados nacionales, quienes en ningún caso van a incumplir la ley”, advierte.
La conclusión que extrae el arquitecto de todo esto es que el Supremo anula el PGOU de 2010 porque “vulneraba la ley, al no hacer cumplir las sentencias que recaían sobre esas viviendas ilegales”. Flores incide en que el Ayuntamiento gobernado por Ángeles Muñoz “se arrogó la potestad de legalizar viviendas contraviniendo sentencias judiciales que las declaraban ilegales”.
