Un momento de la votación en el pleno celebrado este viernes en Marbella para defender a los terceros de buena fe. Podemos se ha abstenido. Foto/ Europa Press
La Corporación municipal de Marbella ha aprobado en el pleno de este viernes solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central un “compromiso expreso” en defensa de los propietarios que adquirieron de buena fe viviendas que se construyeron de forma irregular durante los gobiernos del GIL y que ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 por parte del Tribunal Supremo (TS).
La moción ha salido adelante con los votos a favor del PP, formación que la ha promovido, el PSOE, IU y Opción Sampedreña (OSP) y la abstención de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos.
El PP mantiene que las demoliciones “no son la solución”
La portavoz del PP, la exalcaldesa Ángeles Muñoz, bajo cuyo mandato se aprobó el PGOU derogado, ha asegurado que su formación siempre ha mantenido que las demoliciones “no iban a ser la solución”.
“Aunque la imagen de la ciudad iba a verse perjudicada y se creara inseguridad, lo más importante era la protección de los terceros de buena fe. ¿Cómo se iba a destruir el patrimonio de los miles de vecinos que no habían sido culpables de lo que había ocurrido en Marbella”, ha indicado Muñoz.
El PSOE, según ella, sí ha variado su posición respecto a los propietarios de viviendas por lo que, ahora que el TS ha anulado el PGOU, es el momento de que “sepamos dónde estamos cada uno”.
“En el 2006, la Junta, del PSOE, decía que elevaba a 5.000 las viviendas que había que demoler y que exigiría la demolición de todas las viviendas ilegales”, ha señalado. Así, Muñoz ha destacado que el PGOU del 2010 garantizó que las viviendas irregulares no se demolieran porque contemplaba la legalización a través de un sistema de compensaciones.
“Se tendrá que legislar de manera excepcional porque lo que pasó en el Ayuntamiento fue excepcional y porque fue excepcional que la Junta no cumpliera con el compromiso de velar porque se cumpliera la legalidad”, ha señalado.
16.000 Viviendas al margen de la ley
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, ha recordado que el PP dispuso de cinco años para resolver la situación de las cerca de 16.000 viviendas que se edificaron al margen de la ley.
“No pusieron mucho empeño, porque se legalizaron un siete u ocho por ciento del total. Mucho decir que su postura siempre ha sido la misma, pero cuando han tenido capacidad para hacer hechos han sido pocos. Ahora hay que instar a otra administración para que solucione el tema”, ha indicado en alusión a la Junta.
La edil ha presentado una enmienda que el PP ha aceptado para pedir a “cuantas más administraciones” con competencias en urbanismo “sean posibles para que nos puedan aportar algo” en referencia al Gobierno central.
Defensa de los ciudadanos
El portavoz de IU, una de las formaciones coaligadas en el Gobierno local, Miguel Díaz, ha recordado que la Corporación tiene también que defender a los ciudadanos “de buena fe, aquellos que perdimos zonas verdes y equipamientos y los derechos que la ciudad reserva para todos nosotros”.
La portavoz de CSSP, Victoria Mendiola, ha justificado la posición de su formación diciendo que el único órgano que tiene la potestad para determinar la buena fe de un comprador de una vivienda ilegal son los tribunales y no el Ayuntamiento, la Junta o el Gobierno central. “La moción del PP es indefendible y no tiene ningún fundamento jurídico”, ha zanjado.
El vocal de OSP, que integra el Gobierno local tripartito, Rafael Piña, ha respondido por su parte que “la inmensa mayoría de los compradores de viviendas fueron de buena fe, lo diga quien lo diga”.
“¿Quién les iba a decir que esa casa no era legal si el PGOU se aprobaba en Plenos a las 00.00 horas y unos decían que era legal y otros que no?”, ha preguntado.
