La senadora Ángeles Muñoz (primera izqda) en un a imagen de archivo en la Cámara Alta, junto al también senador Juanma Moreno y la secretaria general del PP de Málaga, Margarita del Cid.
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, ha dirigido un escrito al Senado para verificar la condición de senadora y aforada de la presidenta del PP local y exalcaldesa, Ángeles Muñoz, en el marco de las diligencias que instruye tras la denuncia de la Fiscalía por la presunta falsificación del PGOU de 2010, que se aprobó inicialmente en una sesión plenaria de julio de 2009, cuya acta también habría sido alterada.
Tras adelantar este jueves Marbella Confidencial la apertura de estas diligencias previas 1935/16, por parte del magistrado marbellí, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), han confirmado a este medio digital la solicitud de Dívar a la Cámara Alta, así como la petición de diversa documentación urbanística cursada por el instructor al Ayuntamiento de Marbella.
Otras fuentes judiciales consultadas por esta redacción han mostrado su extrañeza ante el hecho de que Dívar, nada más incoar diligencias previas, haya dado ya el paso de dirigirse al Senado cuando, aseguran, lo habitual es hacerlo cuando la instrucción de un procedimiento penal que puede incriminar a un aforado, como es el caso, está más avanzada.
De hecho, los juristas cuya opinión ha sido recabada apuntan a que el tipo de petición de comprobación sobre una condición como la que que ostenta Muñoz, se hace normalmente casi al concluir la instrucción que atañe a los denunciados no aforados, como es el vicesecretario municipal marbellí, Javier de las Cuevas, codenunciado junto a Muñoz.
Las fuentes citadas dan por hecho que desde el 26 de septiembre, cuando dictó el auto de admisión de la denuncia del fiscal, hasta ahora, el juez Dívar no habría hallado suficientes indicios de criminalidad en la persona de Ángeles Muñoz como para solicitar información al Senado, aunque pueda parecer un trámite rutinario verificar el aforamiento y la condición de senadora de la actual concejala en la oposición.
La doctrina del Supremo que invocan las fuentes recogería que para que un juez ordinario, como es Dívar, remita al alto tribunal una causa contra un aforado, los indicios sobre su participación en unos hechos delictivos tienen que estar muy fundamentados y acreditados, por lo que de hacerlo al comienzo de la instrucción, sin apenas practicar pruebas y diligencias, motivaría que la denuncia fuera remitida de nuevo al Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, para que se practiquen nuevas pruebas, se atreven a aventurar los juristas consultados.
