El fiscal sostiene que Olivo pagó sobornos a Roca por los terrenos de La CañadaLa acusación pública pide 18 años de cárcel para el empresario, 24 para Roca y 18 para Julián Muñoz ;El ministerio público también reclama una indemnización de 50 millones de euros para el Ayuntamiento de Marbella

El promotor Tomas Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, en una imagen de archivo, años atrás.

El promotor Tomas Olivo, propietario del centro comercial La Cañada, en una imagen de archivo, años atrás. 

El informe del fiscal Francisco Montijano en el marco de una de las piezas separadas del llamado ‘caso convenios’ ha resultado demoledor para los intereses del conocido empresario y dueño del centro comercial La Cañada, Tomás Olivo. El ministerio público sostiene que adquirió los terrenos de la citada superficie comercial mediante sobornos y pide para él un total de 18 años de cárcel, por los delitos de cohecho continuado, fraude y prevaricación urbanística, así como 10 años de inhabilitación por prevaricación. El presunto sobornado fue el exasesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca, para quien se piden un total de 24 años de privación de libertad.

La calificación provisional del ministerio público, previa al juicio oral que deberá celebrarse en la Audiencia de Málaga, proviene de los informes elaborados en su día por el Tribunal de Cuentas del Estado, que alertó de numerosas irregularidades en una treintena de convenios urbanísticos, desarrollados durante el gilismo (1991-2006). Este procedimiento penal se instruye en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella y es producto de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras los informes de fiscalización del citado organismo contable.

Olivo y Roca no estarán solos en el banquillo de los acusados. Junto a ellos se sentará el exalcalde Julián Muñoz, para quien el fiscal solicita 18 años de prisión, así como el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, que se enfrenta a 2 años. En el listado figuran los abogados Manuel Sánchez Zubizarreta y Francisco Soriano, condenados como testaferros de Roca por blanqueo de capitales en el ‘caso Malaya. Siete exediles del GIL que formaron parte de las comisiones de gobierno que aprobaron decisiones favorables a Olivo afrontan penas de 2 años de prisión.

El escrito del fiscal, que reclama  también la devolución de 50 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella, ha sido desvelado este miércoles por el diario La Opinión de Málaga en su edición impresa y digital.

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hidrallia

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