El principal condenado en el ‘caso Malaya’, considerado cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, durante su declaración. Detrás su principal testaferro, también condenado, Oscar Benavente. Foto/ Europa Press
La Sala que ejecuta la sentencia del caso ‘Malaya’, contra la corrupción en Marbella, ha autorizado la venta de un piso en Madrid propiedad de una sociedad vinculada al principal condenado, Juan Antonio Roca, por un precio de 495.000 euros.
Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Administración judicial comunicó a la Sala el acuerdo de compraventa suscrito con los particulares interesados en la vivienda, solicitando la ratificación del contrato y el levantamiento de las anotaciones de embargo.
Se trata de una vivienda ubicada en el centro de Madrid, con dos dormitorios y una superficie construida de 127 metros cuadrados. El Tribunal considera “razonable” ratificar la operación según lo pactado, apuntando que todas las partes interesadas en este procedimiento se han mostrado conforme a ello.
La Sala argumenta el visto bueno en la “ausencia de ofertas más favorables”, incluso con la publicidad realizada en la página web en la que se venden los bienes de Roca, “siendo adecuado el precio pactado”, según se desprende de los informes de tasación aportados, que arrojan una valoración media de 406.593 euros.
También se refiere a la “beneficiosa forma de pago acordada”, mediante un cheque bancario del 90 por ciento del precio a la fecha del otorgamiento de la escritura pública, después de haberse recibido ya otro por valor del diez por ciento del precio mientras se producía la ratificación del acuerdo.
El Tribunal alude también a “la situación de incertidumbre que padece el mercado inmobiliario y al hecho de que la propuesta de venta sea incluso superior al precio actual de mercado” como elementos para ratificar la operación, así como “a la necesidad de continuar con la realización de bienes” en esta ejecutoria.
Asimismo, la Sala autoriza la transferencia de 15.000 euros de otras mercantiles administradas que tengan suficiente liquidez con el objetivo de “poder abonar los tributos locales adeudados” y vender el inmueble libre de cargas. También se acuerda levantar las anotaciones preventivas de embargo.
