El actor Sean Connery junto a su mujer, Micheline, en una imagen de archivo
El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha acordado la apertura de juicio oral contra la mujer del actor escocés Sean Connery, acusada por un delito contra la Hacienda Pública por el que el fiscal pide dos años y medio de prisión. Además, se le requiere para que preste una fianza de responsabilidad civil de 10,2 millones de euros.
Esta decisión se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento marbellí pidieran la apertura de juicio oral y acusaran a la mujer de Connery en una pieza separada del caso ‘Goldfinger’, en el que se investiga la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela donde estaba el chalé del matrimonio en Marbella.
Según consta en el auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, como la acusada tiene residencia en Las Bahamas, se acuerda llevar a cabo una comisión rogatoria internacional para notificarle estas resoluciones, además de pedirle que designe representantes legales. Asimismo, se declara la Audiencia Provincial como órgano competente para la celebración del juicio.
Delito contra la Hacienda Pública
Anticorrupción acusó a la mujer de Connery como cooperadora necesaria de un delito contra la Hacienda Pública por defraudación del Impuesto de Sociedades, solicitando dos años y medio de prisión y multa de 23 millones de euros, escrito al que se adhirió el Ayuntamiento. La Abogacía del Estado, por su parte, pidió seis meses de cárcel y multa de 7,6 millones de euros, acusándola como cómplice.
La acusación pública considera que “se prestó” a colaborar con los principales imputados del caso ‘Goldfinger’ –que serán juzgados el próximo enero– para formalizar “negocios jurídicos ficticios” que permitieron “ocultar” a la Agencia Tributaria las ganancias obtenidas en la venta de una promoción de apartamentos de lujo. La cantidad defraudada se estima en 7,6 millones de euros.
Así, se realizaron varias operaciones, procurando permanecer “lo más oculta posible”, de compra y venta de acciones, actuando a través de sociedades, como Agapanto o By the Sea. De hecho, en el apartado de la responsabilidad civil es en el que el juez requiere a la mujer de Connery, “como beneficiaria última o administradora” de dichas empresas, a que preste fianza de 10,2 millones.
Plazo para pagar la fianza
Se le da un plazo para pagar dicha fianza para asegurar la responsabilidad civil derivada del delito, a contar desde la notificación del auto de apertura de juicio oral, y se añade que de no abonarse se procederá al embargo de los bienes necesarios. Se declara responsables subsidiarios a las sociedades, que deberán responder en el mismo plazo e importe.
Este procedimiento se ha llevado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, que en septiembre de 2013 acordó la apertura de juicio oral contra 17 personas. Paralelamente, en la pieza separada, se archivó la imputación contra Sean Connery y se acordó seguir el procedimiento contra la mujer.
En la pieza principal, cuyo juicio está previsto que comience el próximo mes de enero en la Sección Octava de la Audiencia, se han investigado delitos de fraude, contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental. Entre los 17 acusados está el exalcalde marbellí Julián Muñoz y el exasesor Juan Antonio Roca –ambos condenados en el caso ‘Malaya’–.
La Fiscalía Anticorrupción acusó a Muñoz de un delito de fraude –que para la acusación particular del Ayuntamiento de Marbella está en concurso con un delito continuado de malversación– y dos delitos contra la ordenación del territorio, solicitando cuatro años de prisión; mientras que a Roca se le acusa, además, por cohecho, pidiendo en total ocho años de cárcel.
Seis exconcejales de Marbella encausados
Asimismo, se juzgará a seis exconcejales marbellíes, dos abogados de un despacho, que habrían representado los intereses económicos del matrimonio Connery en Marbella, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros. Como responsables civiles subsidiarias están 26 sociedades, algunas de ellas vinculadas con paraísos fiscales.
Este procedimiento se inició por la querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe emitido por el Tribunal de Cuentas. Inicialmente, se investigaron únicamente los convenios del Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. –propietaria del chalé de los Connery– y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.
Posteriormente, tras varios informes de blanqueo de capitales y de la Agencia Tributaria, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, cuyos principales responsables están acusados; que representaba los intereses económicos del matrimonio en Marbella.
