El Gobierno exige al Ayuntamiento “respeto” hacia la Abogacía del Estado y las resoluciones judiciales Tras las críticas del tripartito hacia la actuación de los letrados del Estado en relación con el proceso de nombramiento de directores generales, que ha quedado bloqueadoTras las críticas del tripartito hacia la actuación de los letrados del Estado en relación con el proceso de nombramiento de directores generales, que ha quedado bloqueado

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Miguel Briones, en imagen de archivo. Foto/ Europa Press

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Miguel Briones, en imagen de archivo. Foto/ Europa Press

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha exigido este miércoles “respeto” hacia la Abogacía del Estado y a la Administración de Justicia, “ante las críticas nada constructivas y menos objetivas de algunos representantes municipales”.

Así, Briones, a través de un comunicado, ha advertido a los nuevos dirigentes de algunas Corporaciones locales de la necesidad de “mantener la lealtad institucional” y les ha conminado a reconocer “la profesionalidad e independencia de los funcionarios de la Administración General del Estado y de los órganos judiciales”.

“No es de recibo dudar de la independencia de la Subdelegación del Gobierno en Málaga ni de la Delegación del Gobierno en Andalucía, sobre las que algunos alcaldes y dirigentes municipales han vertido acusaciones muy graves”, ha subrayado Briones en referencia a los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra una ordenanza y un reglamento aprobados ambos por acuerdo plenario en los ayuntamientos de los municipios malagueños de Torremolinos y Marbella, respectivamente.

El subdelegado ha negado “tajantemente” cualquier injerencia política y ha mostrado su “sorpresa y malestar” ante tales manifestaciones: “sin duda estos responsables políticos tienen escaso conocimiento del funcionamiento ordinario de la Administración General del Estado y de la propia legislación”. De este modo, ha mostrado su “preocupación” ante lo que considera una “falta de respeto hacia las resoluciones judiciales”.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de reconocer en todo momento la profesionalidad y la independencia de los funcionarios del cuerpo de Abogados del Estado y los tribunales, “cuyas resoluciones son siempre motivadas, y hay que recordar que sobre las mismas hay establecido además un sistema de recursos que garanticen un procedimiento justo”.

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