El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, en imagen de archivo. Foto/ J.C. Villanueva
La Fiscalía de Málaga ha decidido judicializar las diligencias de investigación iniciadas por presuntas irregularidades en la gestión del Patronato de Recaudación Provincial, en concreto en los expedientes de cobros de tributos encargados por la Junta de Andalucía. Para ello, ha presentado una denuncia, que recaerá en uno de los juzgados de instrucción de la capital.
Desde la Diputación, institución de la que depende el Patronato de Recaudación, han asegurado a Europa Press que aún no tienen comunicación formal de la denuncia y que, en caso de que un juzgado abriese diligencias, se colaborará aportando la documentación que fuese requerida, como se ha hecho durante la investigación desarrollada por la Fiscalía.
El 31 de marzo de 2015, el ministerio público abrió unas diligencias de investigación a raíz del escrito presentado por administradores tributarios del Patronato, que declararon y ratificaron la denuncia, con la que adjuntaron distinta documentación e informes, a los que posteriormente se han unido otros, así como anexos, según ha confirmado la Fiscalía.
Del análisis de todos estos documentos, “se desprende una actitud omisiva” por parte de la persona “responsable del servicio en orden al dictado de instrucciones y normas necesarias para la gestión eficaz de los créditos”, según informa la Fiscalía. Así, se habrían detectado indicios de delito, según la información adelantada por el diario ‘SUR’, de prevaricación.
El Patronato de Recaudación es una agencia pública administrativa, creada por dicha institución provincial, pero dotada con personalidad jurídica diferenciada y con capacidad de actuación. Entre sus funciones está la gestión, liquidación y recaudación de tributos delegados por otras administraciones, entre ellas el Gobierno andaluz.
La persona responsable de Tesorería es la encargada del control y fiscalización interna de la gestión económica y presupuestaria, contabilidad y recaudación, dice la Fiscalía; ejercicio que le impone, entre otras obligaciones, dictar las normas e instrucciones necesarias para el correcto funcionamiento de las siete zonas recaudatorias que existen.
Según la Fiscalía, del análisis de los primeros informes de la denominada ‘Zona Junta’, encargada de los cobros de los créditos de la Administración andaluza, “existían 5.013 expedientes con un importe principal de 56 millones de euros sin actuación recaudatoria alguna desde años atrás”.
No obstante, hay otro análisis sobre los expedientes con importe pendiente en la ‘Zona Junta’, recogido por la Fiscalía, del que se desprende “la confirmación de las irregularidades evidenciadas” y que incluye una tabla que señala que, correspondiendo gestionar un pendiente de 133 millones de euros, “hay 2.845 expedientes sin ninguna actuación realizada y 2.189 expedientes sin apenas actuaciones, lo que asciende a un importe de 110 millones de euros”.
La Diputación acordó en noviembre de 2015, a raíz de conocerse la investigación de la Fiscalía, llevar a cabo una auditoría de control interno sobre la gestión recaudatoria llevada a cabo por el Patronato desde 2010, con la intención de fiscalizar la gestión recaudatoria en cuanto al procedimiento seguido en la unidad que tramita las deudas en vía ejecutiva de la Junta de Andalucía desde hace cinco años.
En este periodo, el Patronato había gestionado una cifra aproximada de 225 millones de euros, de los que 38 estaban entonces en tramitación.
En ese momento, desde la Diputación indicaron que en enero de 2015, un informe de la coordinadora del Patronato de Recaudación “advertía del funcionamiento de esta unidad y aconsejaba un análisis pormenorizado de su actividad por si fuera posible mejorar el cobro de ciertas deudas antes de que fuesen devueltas a la administración que encomendó su cobro, en este caso la Junta de Andalucía”.
Entonces, señalaron que “tras más de seis meses de análisis y un estudio detallado de más de un centenar de expedientes, cuyo valor global alcanza los 18 millones de euros desde 2007, un nuevo informe suscrito por la tesorera rebatió esta tesis al considerar que se había actuado siguiendo el protocolo adecuado para este tipo de deuda de difícil cobro descartando, por tanto, falta de diligencia técnica”.
El Patronato de Recaudación Provincial tiene delegada la recaudación de impuestos de 98 municipios malagueños tanto en vía voluntaria como ejecutiva. Esto supone un volumen recaudatorio anual de 1.300 millones de euros.
En el caso de la Junta de Andalucía, en cambio, la tramitación se circunscribe al cobro en vía ejecutiva, algo que excluye también la declaración de fallidos o incobrables, una competencia exclusiva de la Administración regional.
