El juez Ricardo Puyol, nombrado director de la oficina anticorrupción de Andalucía. FOTO/ CABANILLAS
Ricardo Puyol (Granada, 1974), magistrado juez de profesión, es desde este martes el nuevo director de la recién constituida oficina antifraude y contra la corrupción en Andalucía. Se trata de una institución creada por el Parlamento de Andalucía, del que depende, pero con total independencia a la hora de tramitar denuncias por corrupción. En esta entrevista con Vozpópuli, la primera que concede a un medio de comunicación tras tomar posesión, analiza los retos de este proyecto, así como los avatares de su etapa como juez instructor en Marbella, que prefiere olvidar porque no la recuerda con ningún agrado, debido a la “dureza” y “desesperación” que le acarrearon sonados casos mediáticos, como la imputación de Sean Connery, Julián Muñoz, Juan Antonio Roca y el expresidente del Sevilla F.C. José María del Nido, entre otros personajes conocidos
PREGUNTA.-¿Cómo surgió su nuevo cargo, de quién partió la idea?
RESPUESTA.- La verdad es que supongo que será a través de casualidades que yo no controlo mucho. Por mi trayectoria, supongo que la pondrían en conocimiento de las personas convencidas de la necesidad de efectuar una propuesta de nombramiento y a través de ellos se verificó, en septiembe, cuando me llamó por teléfono el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, proponiéndome formar parte de este proyecto, en el ámbito de la creación de la oficina anticorrupción. Entiendo que la llamada se produce por el examen de la trayectoria que yo he seguido en este ámbito, no solamente desde el punto de vista jurisdiccional, mi etapa en Marbella, también posteriormente, en el ámbito académico. Dentro del Consejo del Poder Judicial tengo varias publicaciones, como es la necesidad de implementar políticas activas en la lucha contra la corrupción y entiendo que por ahí viene la historia…
P.- ¿Cómo va a ser el modus operandi para canalizar las denuncias que usted va a recibir en su oficina?
R.- Lo primero que hay que decir es que esta primera etapa, después de mi nombramiento, va a ser de stand by. Es decir, hay un acuerdo de la Mesa del Parlamento que articula un sistema transitorio hasta que la oficina esté materialmente constituida. En ese ámbito de esta primera etapa, ya lo dije ante la comisión de mi nombramiento, la labor principal de la dirección y el equipo con el que cuento será reglamentar jurídicamente la oficina. Para ello tenemos la obligación, en el término máximo de seis meses, de conformar un reglamento de funcionamiento y gestión. Una vez se verifique este primer trámite tendremos los dos siguientes: presupuestar la oficina y aprobar una relación de puestos de trabajo, con un organigrama funcionarial, que nos permita ya entrar en la propia dinámica de esta institución, asumiendo ya plenamente todas las funciones encomendadas.
P.- ¿Pero se basan en algún modelo concreto de este tipo de oficinas antifraude, ya en marcha, para tramitar denuncias de este tipo?
R.- Respondiendo a la pregunta concreta de cómo va a funcionar esta oficina, la idea que tenemos es un poco asimilándola a lo que es la OLAF, la oficina antifraude de la Comisión Europea, y las oficinas que ya funcionan en España, concretamente cuatro: Cataluña, Valencia, Baleares y ahora Andalucía, queremos incorporar un canal de denuncias que prioritariamente será telemático, que permita incluso poder incorporar noticias, o alertas, que pueden tener por objeto la denuncia de un fraude y que se pueda tener, de forma anónima, información en tiempo real del contenido de esa denuncia. La obligación de la oficina será practicar diligencias de conocimiento.
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