El exconcejal del PA prófugo del ‘caso Malaya’, Carlos Fernández (primero drcha) en una imagen de archivo de 2004, junto a los entonces dirigentes del PA Alejandro Rojas Marcos (centro) e Ildefonso Dell Olmo. FOTO/ JAVIER MARTÍN
La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este miércoles en el aeropuerto de Barajas al exconcejal de Marbella prófugo de la Justicia desde 2006 Carlos Fernández.
Según ha confirmado Marbella Confidencial, a través de fuentes jurídicas, el motivo del arresto tiene su origen en una requisitoria de la Sección Tercera de Audiencia Nacional por el llamado ‘caso saqueo 2’.
Se trata de una causa que ya fue juzgada, pero en la que Fernández no se sentó en el banquillo al encontrarse en Argentina huido. Fue precisamente la Sala Tercera la que acogió dicho juicio en el que fueron condenados, entre otros, Julián Muñoz y Juan Antonio Roca.
Así pues, el motivo de la detención de quien fuera edil del GIL y del Partido Andalucista, adelantada por El Confidencial, no guarda relación con el ‘caso Malaya’, el mayor proceso contra la corrupción urbanística y municipal que se ha juzgado en España, y que tuvo a Fernández como protagonista ausente durante la celebración del juicio en la Audiencia de Málaga.
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad provisional a Fernández, según ha informado la Ser pasadas las 14:30 de este miércoles.
En diciembre de 2022 la Corte Suprema de Argentina resolvió en un auto no extraditar a Fernández, al considerar prescrito el ‘caso saqueo 2’, por el que ahora ha sido detenido
En un auto de seis folios de extensión, fechado el 21 de diciembre de 2022 y al que tuvo acceso Marbella Confidencial, los magistrados del alto tribunal argentino revocabann la resolución previa de un juez federal que sí consideró pertinente la extradición a España y frente a la que los abogados de Fernández interpusieron recurso de apelación.
La Corte Suprema reprochó al Ministerio Fiscal argentino que invocara “tardíamente” la solicitud “formal” de extradición, cursada por España el 26 de octubre de 2017, para hacer valer que el delito continuado de malversación de caudales públicos, por el que se acusaba a Fernández, “prescribiría para el derecho argentino el 26 de octubre de 2027”, a los diez años.
El citado tribunal, equiparable al Supremo español, argumentaba que “la declaración de procedencia de la extradición de Carlos Fernández Gámez al Reino de España incluyó una toma de posición respecto de la fecha en que operaría la prescripción de la acción penal –25 de febrero de 2019– en términos que no fueron en tiempo y forma salvaguardados por la parte acusadora pública en la instancia procesal debida”, según se recoge en el folio tercero.
Y es que la Fiscalía argentina hizo suyos los argumentos del juez federal, en 2017, sobre que la prescripción del ‘caso saqueo 2’ por el que se pretendía juzgar a Fernández en la Audiencia Nacional se produciría a los diez años de la apertura de juicio oral, que tuvo lugar el 25 de febrero de 2009. Sin embargo, la acusación pública no tuvo entonces en cuenta el plazo de diez años a partir del 26 de octubre de 2017, cuando se produjo el “pedido de extradición” desde España. Un motivo que la Corte Suprema consideraba en 2022 “inadmisible” invocar por parte de la acusación pública por ser “tardío”.
Así pues, a todos los efectos, Carlos Fernández se libró de ser extraditado a España, para ser juzgado en la AN, por lo que podría considerarse un defecto de forma en los plazos de los que dispuso la Fiscalía argentina para intentar que sus delitos no prescribiesen hasta el 26 de octubre de 2027
Anticorrupción solicitó 7,8 millones de euros a Fernández por el ‘saqueo 2’ para que los entregara al Ayuntamiento de Marbella
La fiscal Belén Suárez reclamó a Fernández 7,8 millones de euros de indemnización para el Ayuntamiento de Marbella en ‘caso saqueo 2’, en concepto de responsabilidad civil, así como una petición de prisión de nueve años por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
Fernández, que fue declarado en rebeldía en ‘saqueo 2’, cuando arrancó la vista oral en abril de 2013, estaba acusado principalmente de delitos de malversación de caudales públicos por su etapa como delegado de Deportes del partido GIL entre 1991-1998. Concretamente se juzgaba su gestión en la sociedad municipal Actividades Deportivas 2000 S.L.
Anticorrupción sostuvo en la querella por el ‘caso saqueo 2’, que interpuso el entonces fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo, en marzo de 2003, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, del que formaba parte Carlos Fernández como edil del GIL en Deportes, “mantuvo sociedades mercantiles municipales ocultas a la labor fiscalizadora o de las que no se remitió contabilidad, habiendo comunicado tan sólo la existencia de 25 de las mismas pese a tener constituidas 31”.
Carlos Fernández prestó declaración, como imputado, ante el Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional el 20 de noviembre de 2003, en plena instrucción de este largo procedimiento que tutelaba el juez Ismael Moreno.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el ahora recluso en el penal de Chimbas (Argentina) recibió del Consistorio– cuando era concejal ‘gilista’ de Deportes– un total de 80.397 euros como subvención a la Unión Deportiva San Pedro, sin que, «pese al requerimiento del interventor de fecha 3 de noviembre de 1997, el querellado haya justificado el empleo de tales fondos públicos», sostenían los fiscales José Grinda y Belén Suárez en aquel entonces.
También fue favorecido con 9.916 euros, en un pago que escuetamente se describió como «a justificar gastos escuelas deportivas», así como con 30.050 euros que tenían la consideración de «subvenciones deportivas temporada 96/97». Ninguna de estas cantidades fue justificada, siempre según la versión de Fiscalía.
Fernández era, además, gerente de Actividades Deportivas 2000 SL, una sociedad a la que no le cuadraban las cuentas. Igualmente, habría protagonizado con Julián Muñoz y otro querellado, el entonces concejal Enrique Osuna, una operación por la que, entre 1993 y 1999, se apropiaron de fondos de la sociedad Eventos 2000 SL, por valor de 312.000 euros, presentando facturas por servicios profesionales que pretendían justificar por integrar una comisión gestora.
