Bloque de viviendas del Banana Beach, a la entrada de Marbella. El nombre de la promoción bautizó la primera condena por delito urbanístico contra el exalcalde Julián Muñoz.
No abrieron ni registro informático. Utilizaron el número de otro caso que ya había sido archivado. La causa no fue a reparto. El juez Miguel Ángel Torres no se fiaba de casi nadie. Discreción absoluta hasta aquel 29 de marzo de 2006. Pum-pum-pum, abran la puerta. De la Delegación de Urbanismo al Ayuntamiento, la Tenencia de Alcaldía en Puerto Banús, pum-pum, el despacho del jefe de la Policía Local, la finca La Caridad, una oficina de un centro comercial, cinco domicilios particulares, ¡abran, registro!, el despacho de Juan Antonio Roca, el gerente de urbanismo, y la sede de una empresa: Maras Asesores S.L. Desde Huelva a Murcia, de Cádiz a Marbella, de Madrid a Málaga.
Algunos marbellíes debieron pasar la mañana mirando la puerta por si eran los siguientes en recibir visita por orden del juez Torres. Algunos no marbellíes, también.
Hace doce años que se inició la investigación de la llamada Operación Malaya. El espectáculo de los registros, los obscenos detalles del listado de bienes de Roca, pusieron el foco lejos de un hecho que iba a quedarse para siempre en Marbella: desde 1991 permitieron que creciese el monstruo.
A los españoles se les llenaron los ojos de animales disecados, fincas con pistas de aterrizaje para helicópteros, fajos de billetes, carruajes, obras de arte pero lo relevante de los registros fue que se encontró la prueba que mostraba la operativa del entramado urbanístico marbellí. Cómo Roca, cerebro de la trama, mediaba desde la empresa municipal de urbanismo para que la propuesta de un promotor se transformase en un convenio aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, una licencia de obra, una licencia de ocupación a cambio de la correspondiente comisión para concejales y, por supuesto, para el propio Roca.
Pero los pagos que se acreditaron en la Operación Malaya solo eran el fin de la fiesta, cuando la máquina de concesión de convenios y licencias a cambio de comisiones estaba en sus horas más bajas.
Han pasado 26 años desde que el Grupo Independiente Liberal (GIL), con Jesús Gil como alcalde, obtuvo su primera mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella. La cifra exacta de viviendas ilegales que dejaron los sucesivos gobiernos de su partido era todo un enigma cuando una gestora se hizo cargo del Ayuntamiento en 2006 en medio del estallido mediático de la Operación Malaya.
