Agustín Rivas, segundo por la izquierda, junto a otros miembros de la Junta Directiva Local de Ciudadanos Marbella, entre ellos el coordinador, Francisco Gómez Palma (carpeta en mano) en imagen de archivo. FOTO/ M.C.
Agustín Rivas, miembro de la Junta Directiva de Ciudadanos en Marbella que preside Francisco Gómez Palma, ha interpuesto una demanda por despido improcedente contra el Ayuntamiento de Marbella. Este cargo de Cs, que ocupa una secretaría de área en la formación naranja y es abogado de profesión, obtuvo una plaza de asesor jurídico durante un periodo de seis meses, gracias al programa +30. Se trata de uno de los planes de empleo de la Junta de Andalucía que se pusieron en marcha con subvenciones de la Unión Europea.
Concretamente, Rivas comenzó a ejercer sus funciones en diciembre de 2017 y concluyó en julio de 2018. Se le asignó la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, dirigida por el teniente de alcalde de OSP Rafael Piña, socio de gobierno del PP, partido que tiene las competencias en materia de Recursos Humanos.
De los datos recabados por Marbella Confidencial entre distintas fuentes municipales, incluidas algunas vinculadas a sindicatos, hay ya un compañero del mismo programa al que se presentó Rivas a quien los juzgados de lo Social han dado la razón. Así pues deberá ser readmitido en su puesto municipal.
En el caso del citado cargo de Cs el juicio para dirimir su denuncia está fijado para el 14 de febrero en la Ciudad de la Justicia de Málaga.
Versión ofrecida por Rivas
Este medio digital se ha puesto en contacto con Agustín Rivas para recabar su versión al respecto y él ha corroborado todos los extremos de esta información.
“He procedido a efectuar esa demanda porque ese programa es dinero que viene de la Unión Europea y el objeto tiene que ser siempre tareas que no sean ordinarias del Ayuntamiento, sino labores más diferenciadas”.
Explica que “se otorgó esa subvención de la Unión Europea y se contrataron varios abogados, arquitectos e ingenieros de obra civil”. El objeto del contrato era “el impulso” del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
“Al final esos fondos no se destinaron realmente al fin a que iban y estuvimos trabajando como el resto de técnicos del Ayuntamiento, haciendo informes”, en su caso para la Tenencia de San Pedro.
Rivas alega “fraude de ley” entre sus argumentos para denunciar a la administración municipal y aclara que pasó “un proceso de selección”, por lo que quiere alejarse de los argumentos de quienes puedan pensar que fue un ‘enchufado’.
Este letrado se pregunta “quién está actuando mal” y responde: “a mi juicio el departamento de Recursos Humanos” del Ayuntamiento de Marbella.
Ha querido dejar claro, ante lo que puedan decir sobre su situación y la de otros demandantes, que “no he entrado por la puerta de atrás, ni estoy ocupando la plaza de nadie”.
Como jurista sostiene que, cuando se ganan este tipo de pleitos, “la Justicia lo tiene catalogado como indefinido no fijo, una figura que consiste en que el juzgado resuelve que tienes razón y entras hasta que se saque esa plaza”, recalca.
“Yo no puedo concurrir a esa plaza porque nunca se ha convocado, pero cuando saliera en un concurso, u oferta de empleo, mi trabajo ya sería de baja definitiva”, anuncia.
Sueldos no acordes con el convenio colectivo
Otro argumento que esgrime Rivas es que él y el resto de personas con su cualificación profesional que obtuvieron plaza por seis meses en el programa +30 “estábamos cobrando una cantidad muy pequeña, como un tercio de lo que se cobra y existen sentencias de TSJA sobre que igual trabajo igual sueldo”, asegura el dirigente político.
Lamenta haber estado trabajando “cobrando 1.200 euros mensuales, mucho menos que un peón”. Esta última afirmación de Rivas entronca precisamente con una decisión reciente del Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga. Ambas formaciones avalaron al equipo de gobierno de Francisco de la Torre al renunciar a los planes de empleo de la Junta, debido al “quebranto económico” a las arcas municipales por sentencias favorables a contratados que reclamaron por tener salarios inferiores al convenio colectivo.
Rivas asegura que cuando fue contratado el Ayuntamiento de Marbella conocía tales sentencias del TSJA. Lo cierto es que el aluvión de demandas, por despido improcedente, de personas que consiguieron plaza en los planes de empleo de la Junta y fueron despedidas, al cumplir los seis meses, ha motivado que la administración que preside Ángeles Muñoz también haya renunciado a estos planes, según han confirmado a este medio distintas fuentes.
