Imagen del banquillo de los acusados en el ‘caso Hidalgo’ en la Audiencia de Málaga. FOTO/ EP
El abogado Guzmán Lacalle, uno de los socios del antiguo bufete Cruz-Conde de Marbella y entre los nueve acusados que se sientan en el banquillo por el juicio del ‘caso Hidalgo’, ha declarado este miércoles que el despacho jurídico no decidía las operaciones de los clientes y que él seguía las instrucciones de los mismos, a la hora de planificar inversiones o pagos de usuarios extranjeros.
Lacalle, el primero de los encausados en tomar la palabra, se enfrenta a más de 20 años de prisión, así como multas que sobrepasan los 60 millones de euros, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y fraude societario, en el marco de un caso que se remonta a 2006. El que fuera principal imputado, Rafael Cruz Conde,falleció años atrás
Guzmán Lacalle, que sigue vinculado al despacho jurídico pero con otra denominación, asociado a familiares del patriarca, ha insistido en que “jamás el despacho ha tomado decisiones sobre pagos o ingresos” de sociedades de los clientes, sino que eran ellos los que lo hacían, limitándose el trabajo del bufete en comunicar las decisiones a los gestores de las empresas para que las cosas “se hicieran como se debía”.
El abogado Guzmán Lacalle (drcha) en una imagen de archivo, junto al que fuera principal acusado en el ‘caso Hidalgo’, Rafael Cruz-Conde, ya fallecido. FOTO/ Web LMSC Abogados
Ha asegurado que él no es especialista en asuntos fiscales y ha dicho no saber por qué los clientes mantenían una estructura societaria en otro país, a pesar de que eso tuviera un coste y de que, según la Fiscalía, las decisiones se tomaran desde España; reiterando sobre este último extremo que eso “no tenía por qué” ser así, según informa Europa Press.
A estas nueve personas se les acusa de blanquear y defraudar al erario público español más de 300 millones de euros, a través de numerosas sociedades interpuestas, en el marco de una presunta trama que operaba con sociedades offshore, radicadas en diversos paraísos fiscales.
Se da la circunstancia de que este procedimiento penal fue incoado hace doce años por el entonces titular del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, Francisco de Urquía, apartado de la carrera judicial por corrupción. Ahora este exmagistrado alicantino, condenado por recibir sobornos del cerebro del ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca, ejerce como abogado.
En esta vista oral, que se celebra en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga, había inicialmente catorce acusados. Ahora se reduce a nueve,tras dos retiradas de acusación, el acuerdo con uno de ellos y dos que están enfermos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Guzmán Lacalle constituyó junto al responsable del mismo, Rafael Cruz-Conde –fallecido– y otro procesado una sociedad interpuesta supuestamente utilizada como parte de otras radicadas en paraísos fiscales para gestionar bienes y fondos.
La acusación pública sostiene que presuntamente “un determinado número de clientes” del bufete “se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos exigibles”.
Letrados, asesores fiscales y clientes entre los acusados
Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran, además de letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.
En su acusación inicial, el ministerio público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente “las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos”, buscando en algunos casos el fin de “eludir el pago de tributos”.
Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española –sociedad limitada– que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal —Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, etcétera–. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal —Antillas Holandesas–, según el fiscal Juan Carlos Lopez Caballero.
