PP y OSP aprueban de forma definitiva la ordenanza del Transporte PúblicoLa entrada en vigor de la normativa permite al Ayuntamiento iniciar, en los próximos días, el reparto de las tarjetas con las que los vecinos censados podrán utilizar, desde abril, el servicio de forma gratuita ;La oposición califica la medida de "electoralista" y se ha abstenido

El concejal de Transporte, Félix Romero, en un momento de su intervención en el pleno extraordinario de este martes. FOTO// M.C

El concejal de Transporte, Félix Romero, en un momento de su intervención en el pleno extraordinario de este martes. FOTO// M.C

PP y OSP, los dos partidos coaligados en el Equipo de Gobierno, han aprobado de forma definitiva este martes, en una sesión plenaria que la Corporación municipal ha celebrado de forma extraordinaria, la ordenanza que regula el servicio del Transporte Público. La oposición, formada por PSOE, IU y Podemos, se ha abstenido.

La entrada en vigor del reglamento da al Gobierno local vía libre para impulsar la gratuidad del transporte urbano para los vecinos empadronados en el municipio, una de las “medidas estrella” que recogen los presupuestos municipales de 2019.

De esta forma, el Ayuntamiento empezará, en los próximos días, a expedir la Tarjeta Municipal de Movilidad, el título que deberán tener los vecinos censados para utilizar el transporte urbano cuya gestión dependa del Consistorio. El Gobierno local confía en que la medida entre en vigor en abril, aunque el concejal de Transporte, Félix Romero, no ha concretado el día. Según el edil, unos 15.000 vecinos han solicitado ya la tarjeta.

Tras abordar el proceso de elaboración de las tarjetas de movilidad, la Delegación de Transporte ha presentado reclamaciones contra la ordenanza para eliminar la fotografía del beneficiario del título y aprobar la gratuidad en su tramitación, de tal forma que se agilice la distribución de los bonos. Para garantizar que el usuario de la tarjeta es su titular, los viajeros deberán enseñar al revisor, ante una eventual inspección, documentos identificativos, como el DNI o el pasaporte.

Romero ha asegurado que el número de autobuses que presten los servicios gratuitos será “dinámico” y se adaptará en cada momento “a la población que tenga la ciudad” y un técnico de la Delegación de Transporte será el responsable del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, Avanza Portillo.

El concecjal de IU, exdelegado de Transporte, Miguel Díaz, ha señalado que la iniciativa debería ser “la guinda” a un plan de movilidad sostenible del que carece Marbella y tras un estudio detallado de la demanda del servicio. Ha pedido también que el transporte gratuito sea “de calidad” ya que “de nada servirá subirse a un autobús sin pagar si no llega adecuadamente a los trayectos que quiere”.

“Las colas (para pedir la tarjeta de movilidad) de las que se jactan hoy pueden ser las colas de las que nos tengamos que lamentar mañana, cuando el servicio sea gratuito. Esta medida no debe servir para lograr unos flashes electoralistas, sino para vertebrar el municipio”, ha agregado.

Medida gilista

El portavoz de Podemos, José Carlos ‘Kata’ Núñez, ha tachado la propuesta de “electoralista” ya que, según ha indicado, “los autobuses son malos y el servicio, indigno de una ciudad que quiere ser cinco estrellas”. “El servicio seguirá siendo malo. Hemos perdido la oportunidad de recuperarlo, ya que, en lugar de dar pasos hacia delante, los hemos dado hacia atrás”, ha indicado.

Para el concejal de la  formación morada, la iniciativa de establecer servicios de transporte gratuitos está pensada para “tapar las carencias de una prestación que es evidentemente mala, con buses viejos e impuntuales y paradas sin adaptar a las personas con movilidad reducida”. “El GIL regalaba casas y el PP, tarjetas de autobuses”, ha señalado.

Por su parte, el grupo municipal socialista no ha intervenido en el debate del punto.

Urbanismo

Por otra lado, el pleno ha aprobado de forma provisional, con los votos a favor de PP, OSP y PSOE; la abstención de IU; y el rechazo de Podemos, la reforma de un artículo de las normas urbanísticas del PGOU para construir entreplantas en locales comerciales siempre que la superficie de estos no exceda los 5.000 metros cuadrados.

El conceja del IU, Miguel Díaz, ha reclamado que, antes de aprobar la medida de forma definitiva, se evalúe qué efectos tendrá en la accesibilidad, infraestructuras, acerado, viarios o aparcamiento en las zonas en la que se desarrollará.

Para la concejal de Podemos, Victoria Mendiola, la medida es una “ampliación encubierta” para el centro comercial La Cañada. “Se trata de hacer legal lo que es ilegal a favor de una gran superficie en detrimento del pequeño comercio urbano”, ha apuntado.

Por último, en la sesión extraordinaria celebrada se ha dado luz verde al reparto de los locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de los actos de campaña electoral, así como la determinación de los paneles, infoterminales y banderolas que les corresponde a los distintos grupos políticos para la propaganda de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril.

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