El actual teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, muestra planos del deslinde entre Marbella y Benahavís, cuando era muy crítico desde la oposición, en 2015. Foto/ marbellaconfidencial.es
Una imagen vale más que mil palabras. En este caso la que les mostramos impresa en Marbella Confidencial, reproducida en esta información. El documento, fechado el pasado 26 de abril, demuestra cómo el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha dejado morir los plazos que le otorgaba el TSJA para designar abogado, al estar personado como codemandado junto a otros miembros de la plataforma ‘antideslinde’ que aún pleitean frente a sociedades cercanas a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, para evitar que se reabra el expediente de deslinde que la Junta de Andalucía archivó.
El documento al que ha tenido acceso este medio digital señala que “habiendo transcurrido el plazo concedido” al procurador, para la “designación del nuevo letrado que ostente la defensa del codemandado Rafael Piña Troyano sin efectuarla, se le tiene por apartado”, reza esta diligencia de ordenación firmada por el letrado de la Administración de Justicia, Manuel Marín Palma.
Es obvio que a Piña y al presidente de OSP, Manuel Osorio, les incomoda este asunto desde que son socios de gobierno del Partido Popular, en agosto de 2017, tras protagonizar una moción de censura encabezada por la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien tiene importantes intereses inmobiliarios en la zona del deslinde, como su propia mansión, así como suelos propiedad de sociedades vinculadas a su marido y su cuñado.
Con esta acción por omisión de Piña, al desatender los requerimientos que se le han hecho desde el citado tribunal, el edil de Opción Sampedreña se quita de encima una patata caliente con respecto a su socia de Ejecutivo, no así en lo que atañe al resto de personas que aún figuran como codemandados en el procedimiento, la mayoría vinculados al colectivo ciudadano que pretende evitar la cesión de 170.000 metros de Marbella a Benahavís. La posición actual de Piña será difícil de justificar para él, dada la beligerancia que mostró en el pasado contra Muñoz.
El pasado 12 de abril, durante una rueda de prensa, Piña esquivó como pudo las preguntas relativas a su inacción en otro procedimiento judicial: el llamado ‘caso PGOU’, denunciado por la plataforma en la que él estaba, y habló de dejar trabajar a la Justicia, tras decretarse la reapertura de la causa que tiene como principal denunciada a Ángeles Muñoz.
Documento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en el que se evidencia que Rafael Piña ha sido apartado del ‘caso deslinde’, al no designar abogado en tiempo y forma.
Por lo que respecta al ‘caso deslinde’ en el TSJA, Piña decía el 12 de abril: “En este tema he estado implicado y sigo estándolo”, dijo tras recordar que el expediente fue “archivado” por la Junta de Andalucía. El teniente de alcalde de San Pedro no dijo del todo la verdad, puesto que se olvidó de forma intencionada de los recursos interpuestos, tanto por el Ayuntamiento de Benahavís como por una serie de sociedades en la órbita de personas muy cercanas a la alcaldesa.
Cabe recordar que Marbella Confidencial, tras llevar a cabo una investigación periodística sobre quiénes estaban detrás de las sociedades recurrentes del expediente de deslinde, perdonadas ante el TSJA, desveló el 21 de mayo de 2016 que uno de los abogados de Ángeles Muñoz, Juan Luis Balmaseda, a su vez administrador único de una de sus sociedades patrimoniales en aquel entonces, tenía relación con tres de los cinco recursos interpuestos por dos mercantiles y la comunidad de propietarios Vega del Colorado de Benahavís. La conclusión a la que llegó este medio digital fue que cuatro de los cinco recursos presentados ante el alto tribunal andaluz tenían vinculación con el entorno más cercano de la exalcaldesa de Marbella. El quinto recurso era el del Ayuntamiento de Benahavís.
Balmaseda, a su vez abogado de la inmobiliaria Wasa,propiedad del cónyuge de la exalcaldesa de Marbella, tiene relación directa con tres de los cinco recursos interpuestos por la vía de lo contencioso administrativo, contra la Junta de Andalucía, administración que archivó el expediente de segregación de 170.000 metros de terrenos en parte de los cuales la promotora del marido y el cuñado de Ángeles Muñoz tenía intención de construir un total de 50 villas de lujo, al pasar los suelos de rústicos a urbanizables.
No hay más que acudir al Registro Mercantil para saber quiénes están detrás de las sociedades Farbella S.L. y Sandrock Nueva Andalucía S.L., así como un tercer recurrente, como es la Comunidad de Propietarios Vega del Colorado. En todas estas entidades el denominador común es Juan Luis Balmaseda. De hecho, las dos sociedades limitadas citadas están domiciliadas en el despacho profesional de este letrado, Balms Abogados.
En Farbella S.L., dedicada a la administración de sociedades, inversión inmobiliaria, agencia de seguros y compra venta de propiedades, entre otros cometidos, ha figurado Balmaseda como administrador único, así como administrador solidario. La mercantil se constituyó el 10 de marzo de 1995 con un capital de 4,7 millones de euros y su domicilio social y comercial es el despacho profesional del letrado, situado en la calle Generalife 9, Aloha Pueblo Aloha Golf, Nueva Andalucía.
La relación de Balmaseda y su socio, Julio Aguado, con Admin Iuris S.L.
Cuando Balmaseda cesó como administrador único de Farbella S.L, el 23 de junio de 2003, le sustituyó en el cargo Admin Iuris S.L., una sociedad en la que este letrado aparece como administrador solidario.
Admin Iuris S.L., ocupa 81 cargos activos y 95 cargos históricos en 169 sociedades y fue constituida en 2001. Tiene como objeto social el asesoramiento legal, la consultoría de empresas, la gestión urbanística, la compra venta de bienes inmuebles, la construcción y la promoción de complejos urbanísticos .
En Sandrock Nueva Andalucía S.L., también dedicada a la construcción y actividad inmobilaria, así como recurrente del deslinde en el alto tribunal andaluz, aparece como administrador único la citada Admin Iuris S.L., con Balmaseda y su socio, el también letrado Julio Aguado, como administradores solidarios de esta última mercantil.
