Reunión del colectivo ciudadano contra el deslinde Marbella-Benahavís, en el Hotel Sultán. Foto: Cecilio Galdón
Cuando el lunes de esta semana se hizo oficial que la Junta de Andalucía archivaba el expediente de deslinde entre Marbella y Benahavís, el colectivo ciudadano contra este deslinde lo celebró con especial entusiasmo. Y es que después de todo el esfuerzo realizado en reclamar lo que consideran propiedad legítima de Marbella, sus integrantes ven en esta decisión una victoria propia. Pero como ellos mismos reconocen, solo han ganado una batalla, no la guerra.
“Es positivo, pero no damos por cerrado el tema porque aún queda mucho trabajo por delante. Benahavís recurrirá, pero al menos hemos recuperado nuestros límites y no tenemos que seguir persiguiendo a la Junta. Esto podría durar cuatro o cinco años si llega hasta el Tribunal Supremo”, ha asegurado Carola Herrero, una de las integrantes que ha asumido labores de portavoz dentro del colectivo.
Marbella recupera 200.000 metros cuadrados
Tras la reunión celebrada este jueves, en la que han acordado los pasos a seguir a partir de ahora, han decidido solicitar formalmente al Ayuntamiento que “modifique tanto en el catastro como en el registro todas las propiedades que se veían afectadas por el cambio en las lindes que pretendía efectuar el Ayuntamiento de Benahavís, de manera que queden oficialmente inscritas como parte del término municipal de Marbella”.
Según Herrero, quien ha mostrado su agradecimiento tanto a la Junta como al nuevo equipo de gobierno local tripartito –PSOE, IU y OSP- por escuchar sus opiniones y desbloquear la situación, “Marbella perdía 200.000 metros cuadrados en el expediente de deslinde, sin razón ni justificación, solo por determinados intereses que defendía nuestra propia corporación”. Tras ser archivado, “Marbella no pierde ni un metro”.
El movimiento vecinal propone que los terrenos afectados queden fuera de ordenación, haciendo valer su condición de suelo rústico, además de exigir una compensación. “Podría ser el Cerro del Colorado, que tiene un yacimiento arqueológico y hace tiempo que reclamamos que debería pertenecer a Marbella”, ha señalado Mercedes Vázquez, otra de sus representantes.
Comisión de Investigación para exigir responsabilidades
Además, han anunciado que solicitarán una comisión de investigación municipal para que se depuren las posibles responsabilidades políticas y penales de las anteriores corporaciones locales, especialmente del gobierno del Partido Popular (PP), con Ángeles Muñoz como alcaldesa.
El objetivo es “que se sepa de dónde viene todo este tinglado. El suelo rústico es intocable y lo que se hace ahí ilegalmente es delito. Aquí ha pasado algo raro”, ha explicado Vázquez, recordando que los planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estaban falsificados.
“Benahavís está cambiando en el catastro muchas cosas sobre las lindes de su término municipal. Es su modus operandi y todo el borde de Marbella con este municipio corre peligro”, ha advertido, estimando que podríamos estar hablando de unos 500.000 metros cuadrados de Marbella que el municipio vecino se estaría adjudicando ilegítimamente. Por ello, también pedirán al Consistorio marbellí que se persone en la elaboración del PGOU de Benahavís y lo recurra.
Ángeles Muñoz, parte implicada
“Por primera vez será el Ayuntamiento de Benahavís quien recurra. Antes lo hacía el de Marbella, pero a favor de Benahavís. Todo esto es fruto de años de desgobierno que han aprovechado otros. La que era nuestra alcaldesa –Ángeles Muñoz- tiene allí su casa. Y había sido antes teniente de Alcalde en Benahavís. Demasiadas coincidencias que habrá que averiguar”, ha manifestado Vázquez.
Sobre la mansión de Ángeles Muñoz, este grupo sostiene que es “ilegal” y hay que decidir qué pasa con ella. “Lo lógico es que se quede fuera de ordenación y que haya una compensación -para legalizarla-, ya que el PGOU de Marbella es nulo en esa zona. Queremos que sea suelo no urbanizable”, ha añadido Vázquez.
Por su parte, el que fuera líder de IU en Marbella, Enrique Monterroso, presente en la reunión, ha criticado que este asunto no se haya investigado a fondo y con más celeridad, teniendo en cuenta que “el hecho de que la alcaldesa se beneficiara de esta situación lo hacía especialmente grave. Ahora la Junta ha hecho lo que tenía que hacer y es el turno de la presión ciudadana y política”, ha concluido.
