El exedil del GIL Esteban Guzmán, con una bolsa de basura en mano cuando era delegado de Limpieza en 2000, junto al entones primer teniente de alcalde Julián Muñoz. FOTO/ La Opinión de Málaga (cedida)
El juicio contra el exconcejal Esteban Guzmán, fugado desde 2012 por el caso ‘Saqueo 2’, que analiza el desvío de dinero público del Ayuntamiento de Marbella en la etapa de Jesús Gil como alcalde, se ha retomado este jueves con declaraciones de los último testigos y las exposiciones de las partes, donde el Ministerio Fiscal ha solicitado a la sala que contemple una rebaja de la pena para Guzmán, una petición a la que se ha adherido la acusación popular. Por su parte, la defensa del acusado ha pedido que se absuelva al exconcejal.
Así, después de que el juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, se iniciara el 25 de octubre con la declaración de Guzmán, seguida de la del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, como testigo; continuó el 26 con la testifical del que fuera secretario municipal de Marbella Leopoldo Barrantes y se ha cerrado este jueves con las declaraciones de otros dos testigos y la exposición de las solicitudes de las partes, quedando visto para sentencia.
En este punto el Ministerio Fiscal ha entendido que, tras lo expuesto en las dos jornadas anteriores del juicio, se ha demostrado que “hay una merma” de la responsabilidad de Guzmán sobre lo que se le acusa ya que, según ha expuesto, “ha quedado acreditado que el acusado tenía una menor responsabilidad” en los hechos “que algunos de los testigos”. Además, ha solicitado, en base a su “situación personal”, que “una pena que se solicita de tres años sería desproporcionado” porque, otros aspectos, no sería posible la reinserción del acusado tras el cumplimiento de la misma. También ha solicitado que la sentencia se adecue a la situación de salud del acusado.
Sin embargo, a pesar de solicitar el atenuante de la pena, el Ministerio Fiscal ha concretado que Guzmán sí que debe ser condenado, ya que “durante muchos años ha sido una pieza clave” del Consejo de Administración de sociedades mercantiles participadas íntegramente con capital público que creó el Ayuntamiento de Marbella. A esto, ha añadido que el acusado “debe responder” y aceptar las responsabilidades de haber firmado contratos que suponían irregularidades porque “ha propiciado desde la aparente legalidad” los delitos que se cometieron en el Ayuntamiento de Marbella.
Por otro lado, ha asegurado que “no se puede decir” que el acusado “ignorara los efectos de su presencia” en dichos consejos administrativos de las sociedades, que “no tuviera formación académica” y que estas fueran las causas de que el acusado no se percatara de las irregularidades que se estaban cometiendo. Así, el Ministerio Fiscal ha considerado que, a pesar de que es posible que el acusado no tuviera una formación académica reglada, sí que ha quedado demostrado “que estaba formado comercialmente” porque, tal y como expuso el propio Guzmán, antes de ser concejal, ostentaba un negocio de carnicería. “Alguien que tiene una actividad empresarial sabe lo que significa una sociedad y lo que es una actividad mercantil día a día”, ha asegurado la Fiscalía.
Por su parte, la acusación popular se ha adherido a la solicitud de la Fiscalía y ha destacado que Guzmán “no podía ser ajeno” a las irregularidades que se estaban cometiendo porque no tenía formación académica pero había atendido un negocio con anterioridad. “Debía saber que con las firmas que realizaba estaba al servicio de una maquinaria para retraer fondos en las sociedades”, ha manifestado la acusación popular, al tiempo que ha narrado que ha quedado acreditado que el acusado presenció, en su etapa de concejal, plenos del Ayuntamiento donde escuchó que estaba habiendo falta de controles y que el gobierno local demoraba los mismos.
Solicitud de absolución
La defensa de Guzmán ha comenzado su exposición solicitando a la sala que considere la absolución del acusado porque, según ha dicho, tras las sesiones del juicio ha quedado demostrado que ejercía de vocal en las sociedades mencionadas como si fuera “un cargo honorífico” y “no sabía lo que firmaba” porque “sólo cumplía órdenes”. Con todo, ha querido remarcar que el acusado “no tiene ninguna formación” y, por ello, “no sabe lo que es un contrato ni que pasa si lo firmas”.
Además, ha argumentado que Guzmán “no se ha lucrado” de ninguno de los actos que llevaban a cabo las sociedades fraudulentas y que esto “es un hecho probado”. También, ha apuntado que el acusado no ha cometido ninguna falsificación de ningún documento, “se limitaba a firmar” lo que los consejos de administración disponían” y “no tomaba ninguna decisión”. “No podemos decir que lo haya hecho por ignorancia deliberada, porque realmente no sabía lo que estaba haciendo y confiaba en sus jefes”, ha añadido.
A pesar de eso, la defensa ha solicitado, en el caso de que no se absuelva al acusado y se le termine condenando, que se le aplique un atenuante a la pena para que esta no supere los dos años porque, según ha recordado, ha transcurrido mucho tiempo desde los hechos que se juzgan. Además, ha terminado apuntando que Guzmán se “asustó” porque “no entendía lo que estaba pasando” y por eso se dio a la fuga pero fue él mismo el que se entregó a la justicia. También ha argumentado que el acusado no tiene antecedentes penales y que por esto, y todo lo anterior, se le debe aplicar la absolución.
Guzmán: “no sabía lo que firmaba”
Guzmán ha sido juzgado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal por los mismos hechos por los que ya fueron condenados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca en octubre de 2013. El exconcejal, que suma otra pena de seis años de cárcel por el caso Minutas –sobre irregularidades en los encargos realizados por el consistorio marbellí al letrado José María del Nido– se encontraba en busca y captura después de que la Audiencia Provincial de Málaga lanzase una orden este sentido.
El acusado ha acudido a la Audiencia Nacional al juicio cuya causa se inició por un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL), de Jesús Gil, durante los años 1991 y 1999. Guzmán se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y fraude contra la seguridad social.
En la primera jornada, Guzmán admitió que firmaba contratos, pero “sin saber lo que firmaba” porque no sabía leer ni escribir y también afirmó que recibía órdenes de hacerlo y “callar”. “Me decían haz lo que tengas que hacer, calla y ni te metas en más temas porque te pueden regañar o echar a la calle”, dijo.
Por su parte, en la primera sesión del juicio también declaró como testigo el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, quien admitió conocer al acusado “del ayuntamiento” y porque “estaba en el GIL”. “Creo que llevaba Limpieza”, manifestó a preguntas del fiscal José Grinda. Muñoz, que compareció por videoconferencia, dijo que no sabe por qué Guzmán era miembro del consejo de administración de distintas sociedades municipales y supone que le nombraría Jesús Gil, que es el que “lo hacía todo”.
