El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, durante el juicio por el conocido como ‘caso saqueo 2’, en el que no pudo ser enjuiciado Carlos Fernández debido a su fuga.
La Audiencia Nacional no dictó orden de búsqueda y captura internacional contra Carlos Fernández hasta octubre de 2014, es decir más de ocho años después de la huida del reclamado por el ‘caso Malaya’, pero que también debió haberse sentado en el banquillo de los acusados por el llamado ‘caso saqueo 2 que se celebró ante el citado tribunal a partir del 18 de abril de 2013.
Fuentes oficiales de la Audiencia Nacional han confirmado este martes a Marbella Confidencial que la segunda y última orden internacional con código rojo de Interpol con la que contaba la Policía Federal Argentina tiene fecha del 22 de octubre de 2014 y fue dictada por la Sección Tercera que preside el magistrado Alfonso Guevara. Se trata del mismo que se encargó de dirigir la vista oral del ‘caso saqueo 2’ en el que Fernández debió haber acompañado en el banquillo de los acusados a Juan Antonio Roca, Julián Muñoz, Pedro Román y otros muchos exediles del GIL entre 1991 y 1999, partido al que perteneció el prófugo hasta que fue expulsado por delinquir, en marzo de 1998.
En base a los datos anteriormente expuestos transcurrieron 18 meses desde que arrancara el macrojuicio en la sede de la AN de San Fernando de Henares (Madrid), hasta que los magistrados cursaron la citada orden a través de Interpol. Cabe recordar que en el informe policial argentino, difundido por el Ministerio de Seguridad, se aludía textualmente a la reclamación contra Fernández por el “caso saqueo 2”.
Las fuentes citadas no pudieron precisar más detalles sobre por qué se produjo tal retraso de años desde la AN a la hora de reclamar a Fernández. No se hizo nada cuando huyó de España en junio de 2006, al iniciarse la segunda fase de la ‘operación Malaya’, ni tampoco cuando la vista oral por el ‘saqueo 2’ arrancó en abril de 2013.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional comienza a elaborar un informe para el caso de extradición
Lo que sí han adelantando los portavoces de la AN citados es que la Fiscalía del citado tribunal prepara ya sus informes para verificar si hay motivos suficientes para tratar de pedir la extradición del ahora encarcelado en el penal provincial argentino de Chimbas (San Juan)
La inexplicable demora a la hora de iniciar la localización de Fernández, desde el tribunal nacional con sede en Madrid, se suma al dato ya conocido sobre que la primera orden internacional contra él no se cursó hacia Argentina hasta 2010, cuatro años después de que se lo tragase a tierra haciendo el camino de Santiago.
Fernández estuvo siempre imputado en esta causa judicial desde marzo de 2003, cuando el entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, envió una querella a la Audiencia Nacional contra cerca de 20 cargos del GIL, en su mayoría concejales, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Seguridad Social durante el grueso de los gobiernos del GIL (91-99). La acción del Ministerio Público se produjo a raíz del del cúmulo de irregularidades contables que detectaron los informes de fiscalización elaborados por el Tribunal de Cuentas.
El sumario judicial por el que se reclamó a Fernández a través de Interpol fue instruido por el Juzgado Central 2, cuyo titular es Ismael Moreno, y las imputaciones contra Fernández se referían a su etapa como concejal de Deportes en la sociedad municipal Actividades Deportivas 2000 S.L., una de las más de veinte mercantiles ideadas por el abogado José Luis Sierra para escapar al control de los funcionarios municipales, principalmente el inetrventor, y así desviar fondos del Ayuntamiento a las mismas, lo que dio lugar a un saqueo sistemático de las arcas municipales .
