El arquitecto redactor del PGOU de Marbella, Manuel González Fustegeueras, este lunes a primera hora al llegar a declarar. FOTO/ JAVIER MARTÍN
El que fuera arquitecto redactor del fallido PGOU de 2010, Manuel González Fustegueras, ha declarado ante el juez Gonzalo Dívar que recibió instrucciones de la Junta de Andalucía, antes del pleno del 29 de julio de 2009 en el que se produjo la aprobación inicial del Plan General, para corregir y modificar una serie de planos, tal y como han asegurado a Marbella Confidencial fuentes jurídicas personadas en el procedimiento penal que se tramita en el Juzgado de Instrucción 3 de Marbella.
Fustegueras sostiene que las instrucciones que recibió lo fueron en base a un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, fechado el 15 de julio de 2009, sobre que el PGOU debía conservar las lindes del PGOU de 1986, y que si el expediente de deslinde finalmente corregía estas lindes (entre Marbella y Benahavís) habría de procederse a una modificación del PGOU.
Así pues, según esta versión recabada, Fustegueras ha declarado que el mismo día 15 de julio (fecha del dictamen del Consultivo) o en fecha muy inmediata a la Comisión Informativa para concejales del 27 de julio, recibió instrucciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en aquel momento regida por el actual alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
Las modificaciones que se habrían tratado en la Comisión informativa del 27 de julio, dos días antes del Pleno, afectaban también a La Cañada, así como a un deslinde marítimo-terrestre, todo ello objeto de investigación judicial actual.
Cabe recordar que el equipo redactor de Fustegueras proponía que las zonas limítrofes en discusión, entre Marbella y Benahavís, quedaran en suspenso para regular, a fin de que se elaborara un Plan Intermunicipal. Tal solución no pareció la adecuada para el Consultivo, ni tampoco para la Consejería, lo que explicaría las modificaciones, a juicio de las fuentes citadas.
Por el contrario, la Consejería mantiene, a día de hoy, que en tales fechas aún no le había llegado el informe del Consultivo fechado el 15 de julio de 2009.
Fuentes de la acusación particular, vinculada al PSOE, aseguran que Fustegueras y el exdirector general del PGOU bajo mandato del del PP, Juan Carlos Fernández Rañada, han incurrido en contradicciones “de gran calado”, que afectan incluso a la posibilidad de que el documento remitido a la Junta de Andalucía hubiese sido modificado después de que el equipo redactor lo entregase en el Ayuntamiento. De hecho, aún queda por dilucidar quién registró tal documento en el Registro de Entrada del Consistorio.
El arquitecto jerezano ha declarado ante el juez que su equipo no lo registró; se lo entregó en mano a alguna persona que habrá de ser identificada en el curso de la instrucción.
Las defensas basan su estrategia en sostener que el informe del Consejo Consultivo de Andalucía, de fecha de 15 de julio de 2009 era de público conocimiento. Desde la acusación particular insisten en que ni Monterroso, ni Rañada, asumen haberlo visto antes de la Comisión Plenaria de 27 de julio de 2009, sino todo lo contrario.
Las defensas insisten en que el informe del Consejo Consultivo de 15 de julio de 2009 instaba a que los límites de ordenación del PGOU fuesen los de 1986. Desde la citada acusación recalcan que tal informe no se pronuncia en ese sentido.
Fustegueras habría declarado ante el juez que los planos que el gobierno del PP le entregó para redactar la primera aprobación inicial del PGOU dibujaban la fallida cesión de terrenos a favor de Benahavís, expediente en el que Ángeles Muñoz tuvo que abstenerse, en un pleno de diciembre de 2008, al reconocer intereses personales.
