Fiscalía mantiene la acusación para ocho procesados en el caso ‘Hidalgo’, aunque retira delitosSe trara del caso ocurrido en 2006 tras una investigación policial sobre el bufete Cruz Conde Abogados

Imagen del banquillo de los acusados en el 'caso Hidalgo' en la Audiencia de Málaga. FOTO/ EP

Imagen del banquillo de los acusados en el ‘caso Hidalgo’ en la Audiencia de Málaga. FOTO/ EP

La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha mantenido este jueves la acusación para ocho procesados en el caso ‘Hidalgo’, sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un despacho de abogados ubicado en Marbella; aunque ha retirado algunos de los delitos por los que inicialmente se les acusaba y aprecia, además, dilaciones indebidas en el proceso.

El juicio comenzó en abril de este año e, inicialmente, el fiscal acusó a 14 personas, aunque con una se llegó a un acuerdo. Entre los procesados estaban letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.

Finalmente, el ministerio público ha mantenido la acusación para cinco miembros del bufete, cuyo titular, inicialmente investigado, falleció durante la instrucción del caso. A estos se les achacan delitos contra la Hacienda Pública de defraudación de IVA en los ejercicios 2004 y 2006. También acusa a tres clientes por el mismo delito y por otro de blanqueo de capitales.

Esta acusación considera, según las conclusiones definitivas a las que ha tenido acceso Europa Press, que los miembros del despacho que siguen acusados prestaban asesoramiento integral a clientes, estando especializados en “proporcionar a quien así lo demandase las estructuras societarias necesarias para canalizar sus inversiones en España”.

Esa interposición societaria se realizaba a través de una empresa controlada por dichos acusados y que se usaba tanto para administrar fondos como para constituir como socia fundadora otras entidades, que estarían formadas además por sociedades radicada en paraísos fiscales, tales como Islas Vírgenes Británicas o Panamá, sostiene la Fiscalía.

Según dicha acusación, la investigación ha puesto de manifiesto “la existencia de un determinado número de clientes que se han servido del sistema diseñado por el citado despacho de abogados para canalizar inversiones en España, lo cuales han eludido el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública”.

Así, supuestamente “omitían el pago de los tributos que les eran exigibles”, indica el fiscal, quien apunta que, no obstante, en un único supuesto de los investigados el pago de los tributos que les eran exigibles a este cliente “alcanza a integrar el tipo penal de la defraudación fiscal”. En otros casos, se considera prescrito el delito.

Asimismo, el ministerio público también acusa en los casos en los que los clientes supuestamente se valieron de la constitución de sociedades por parte del despacho con el fin de “ocultar el beneficio obtenido con actividades delictivas”, aunque el fiscal considera ahora que “no conste acreditado que los abogados integrantes tuvieran conocimiento del origen delictivo de dichos fondos”.

Este es el caso de los otros dos empresarios “implicados según las autoridades judiciales belgas en varias causas por delito fiscal y blanqueo de capitales mediante la elusión del pago del IVA en varias empresas relacionadas con el sector petrolero”. Parte de las ganancias se habrían invertido en España, a través de sociedades relacionadas con el despacho.

No obstante, la acusación señala que el conocimiento de la presunta actividad delictiva de dichos clientes “tuvo lugar en fechas muy posterior a la constitución de las mercantiles españolas utilizadas por los mismos”, por eso no se les acusa a los representante del bufete de abogados por delitos de blanqueo de capitales.

Así, para los cinco abogados procesados se solicita una pena de 16 meses de prisión y el pago de una multa de 250.000 euros por los dos delitos contra la Hacienda Pública. En cuanto a la responsabilidad civil se pide que paguen solidariamente a la Agencia Tributaria la cantidad de 366.060 euros.

Por otro lado, para los clientes el fiscal solicita una pena de ocho meses de prisión y 200.000 euros de multa para uno, cuatro meses de cárcel y multa de tres millones de euros para otro y cuatro años y cuatro meses de prisión y once millones de euros de multa para el último. Además, se insta a que indemnicen al Estado con 8,2 millones de euros.

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