El abogado Mariano Benítez de Lugo flanqueado por José Bernal y el también concejal y secretario general de San Pedro, Manuel García, junto a las también concejalas Isabel Pérez y Blanca Fernández, esta última secretaria general del PSOE de Marbella, durante la reunión celebrada el pasado 28 de abril, en la que también estuvieron presentes Jaime Olcina, cuyas manos parecen en primer plano, la mujer de éste, Begoña Pérez (primera por la izquierda y un hermano de Olcina, también abogado. FOTO/ PSOE
Nuevo abogado y nueva estrategia jurídica. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, liderado por José Bernal, ha decidido dar luz verde a su flamante letrado, Mariano Benítez de Lugo, para interponer una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, aforada por su condición de senadora, en el marco del conocido como ‘caso PGOU’, en el que se investiga un presunto delito de falsedad documental, por imprudencia grave, en el acta del pleno que ella presidió en agosto de 2009 y que supuso la aprobación provisional del Plan General de 2010.
Según ha podido confirmar Marbella Confidencial de fuentes solventes, el objetivo que persigue Benítez de Lugo es forzar la inhibición del titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, si la querella es admitida a trámite. Tal circunstancia provocaría que el Supremo reclamara las actuaciones al actual instructor del ‘caso PGOU’, que se vería obligado a desentenderse de estas diligencias de forma automática.
De hecho, la acusación ejercida por el PSOE pretende interponer la querella sin esperar a que Dívar resuelva las diligencias previstas a partir del 13 de junio, cuando una serie de testigos están citados a declarar, después de que la Audiencia de Málaga obligara al magistrado de Marbella a reabrir este procedimiento penal, tras decretar su archivo provisional el pasado mes de agosto.
La posibilidad de acudir al Supremo no había sido barajada hasta ahora por el abogado de los socialistas Jaime Olcina, a quien Benítez de Lugo hizo ver este escenario en la reunión mantenida por los socialistas el pasado 28 de abril, de la que ya dio cuenta este medio digital a la hora de informar sobre la gran influencia que aún ejerce Olcina, como abogado, en el PSOE de Marbella. Todo ello a pesar de que Bernal anunció que dicho letrado renunciaba a representarles, así como a la militancia, a comienzos de octubre de 2017, tras publicar El País que quien fuera ‘número 3’ de los socialistas marbellíes había ocultado una cuenta corriente en la BPA de Andorra con 1,5 millones de euros.
El giro que imprime ahora Benítez de Lugo a este caso, al optar por acudir al TS, se produce después de que semanas atrás el fiscal de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, solicitara al juez Gonzalo Dívar que remitiera el sumario al citado alto tribunal, tras apreciar una serie de indicios de delito en la figura de Ángeles Muñoz. A lo anterior se suma el hecho de que la otra persona hasta ahora investigada (imputada), el exvicesecretario municipal Javier de las Cuevas, haya fallecido, por lo que sólo queda Muñoz como denunciada y aforada en la causa.
“Se deducen fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud, para considerar la presunta participación de Ángeles Muñoz Uriol en el delito investigado de falsedad documental”. Así pues, añadía el fiscal Carazo en su escrito, “procede remitir las presentes actuaciones, mediante exposición, a la Sala Penal del Tribunal Supremo”.
El representante del Ministerio Público esgrimía otro contundente argumento:“No se hubiera faltado a la verdad en la narración del Acta del Pleno del Ayuntamiento de Marbella de fecha 29 de julio, si la Sra. Alcaldesa, Ángeles Muñoz, hubiera informado al Pleno y sometido a la votación de este, una cuestión tan trascendente como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”.
Como ya informó Marbella Confidencial, la actuación que Martínez Carazo atribuye a la alcaldesa, tipificada en el artículo 391 del Código Penal, le acarrearía como pena máxima, en caso de ser condenada, un año de suspensión de cargo o empleo público, algo que ni siquiera puede ser considerado una inhabilitación como tal en toda regla, según apuntan fuentes fiscales consultadas.
