Imagen de la última reunión del Movimiento Antideslinde celebrada este lunes
El movimiento ciudadano contrario al deslinde entre Marbella y Benahavís ha decidido iniciar acciones legales contra el secretario del Consistorio marbellí por presunta prevaricación, al tiempo que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer la presunta falsificación del PGOU en julio de 2009. Paralelamente reclaman a la nueva Corporación, surgida de las urnas, la revisión del actual Plan General de Ordenación Urbanística.
Así lo ha confirmado el colectivo, por medio de un comunicado emitido este miércoles, tras la reunión que mantuvieron el pasado lunes en el mismo hotel donde tuvo lugar la creación de la plataforma ciudadana, el 5 de enero pasado.
La acción en la vía penal y administrativa contra el alto funcionario mencionado se produce después de que éste permitiera el voto favorable de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante un pleno celebrado en noviembre de 2014 en el que se dio luz verde a la memoria explicativa de la alteración de lindes con Benahavís.
El secretario autorizó el voto favorable de la regidora a pesar de que Muñoz se había abstenido en diciembre de 2008, al inicio del expediente, tras alegar que tenía intereses personales en los suelos afectados.
El colectivo ha querido recordar las palabras de Muñoz en enero, tras constituirse la plataforma, cuando auguró que ésta no tendría “ningún recorrido” y se desmontaría “como otras”. Los hechos, la investigación y la información aportada, así como las denuncias efectuadas por esta iniciativa ciudadana, en el transcurso de estos cinco meses, han propiciado –aseguran– que el expediente de alteración de lindes “esté más cerca de su archivo definitivo por parte de la Junta de Andalucía, a pesar de la oposición constante del PP”, denuncian.
Más de 3.000 alegaciones presentadas
Se han presentado más de 3.000 alegaciones contra la cesión de 170.000 metros de suelo, considerado rústico en Marbella, que pasaría a ser urbanizable en Benahavís. La plataforma solicita que el Ayuntamiento de Marbella retire el recurso de casación que mantiene contra la sentencia del TSJA. El fallo anuló la parte del PGOU marbellí relativo al deslinde.
Cabe destacar que la Junta, codemandada junto al Consistorio marbellí, decidió recientemente no recurrir al Supremo. De hecho, el polémico deslinde se ha convertido en un asunto recurrente en las negociaciones entabladas para la gobernabilidad de Marbella. La presión ha llevado al PP a reconocer que paralizaría la cesión de terrenos en caso de gobernar con OSP. Si se produjera el pacto cuatripartito (PSOE, OSP, Costa del Sol Sí Puede, IU) también se rechazaría de inmediato y se retiraría el recurso.
