El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, muestra documentos al consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, en una imagen de archivo.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, se ha mostrado convencido de que la Junta de Andalucía asumirá sus competencias en Dependencia y en servicios sociales, recordando que la institución provincial abona cada año más de once millones de euros para el mantenimiento de los centros de atención especializada, en lo referente a personal, edificios, gastos corrientes, suministro de alimentos y la propia atención a los usuarios.
Así, ha indicado que la Diputación cuenta con 220 plazas para usuarios en centros de lucha contra la drogodependencia, residencias o personas gravemente afectadas. De ellas sólo tiene 20 concertadas por parte de la Junta y a día de hoy la mitad del resto de plazas, es decir, 100, se encuentran libres.
“Llevamos años demandando que envíen a usuarios a través de conciertos. Hay personas que necesitan plaza y residencia y no la envían ni firman el concierto, que es lo suyo para ir derivando usuarios a nuestros centros”, ha sostenido en una entrevista concedida a Europa Press.
Salado ha incidido en que si el Gobierno asume esto, “que son sus competencias”, la Diputación podría destinar más dinero a las suyas: “No es que queramos dejar de prestar ese servicio; lo asumimos por el bien de los usuarios; pero el dinero podría ir a realizar más transferencias a los ayuntamientos, a mejorar más carreteras; siempre hay cosas que hacer”.
En este punto, ha puesto como ejemplo la residencia de Archidona (Málaga), que cerró por obras para adaptarla a los estándares necesarios para poder ser concertada. “Hemos hecho esa reforma para la validación, tienes que tener una certificación de que la residencia cumple la normativa para poder concertar plazas. Llevamos años solicitando el concierto y tuvimos la callada por respuesta pero nos hemos gastado el dinero para adaptarla”, ha expuesto.
El máximo responsable de la Diputación malagueña ha indicado que el nuevo Gobierno andaluz “va a ser muy positivo para la provincia porque el anterior no aportó nada, todo lo contrario, era un freno a todos los proyectos productivos presentados por parte de los ayuntamientos y la Diputación”.
Pese a que ha admitido que sí colaboraron en “temas puntuales” como los permisos para la Senda Litoral y el Caminito del Rey, “en el resto fue la callada por respuesta o el no”. Sin embargo, “este nuevo equipo ya está dando buenas sensaciones”, refiriéndose a reuniones mantenidas con representantes del Gobierno autonómico en las que se han puesto sobre la mesa estas y otras reivindicaciones.
Por ello, una de las prioridades de la institución provincial es que sus plazas en residencias y centros de atención especializada se concierten y se cubran totalmente para atender la demanda existente. También, ha dicho Salado, hay que actuar en materia medioambiental para continuar con la Senda Litoral, la futura ampliación del Caminito del Rey o en la redacción de los planes generales de ordenación urbanística.
“Nosotros redactamos los planes urbanísticos a muchos ayuntamientos y la lentitud o la no respuesta a los informes sectoriales –por parte de la Junta– hace que estén paralizados mucho años. En Macharaviaya, que se acaba de aprobar, han sido diez años”, ha lamentado, incidiendo en que estas demoras también provocan la despoblación rural.
A juicio del dirigente de la Diputación malagueña, el hecho de no avanzar en los PGOU provoca que los municipios no tengan seguridad jurídica para que empresas se asienten y los inversores sepan dónde pueden y no edificar, cuáles son las áreas productivas, etcétera.
Antiguo edificio de Correos
Uno de los asuntos más polémicos entre el Gobierno de la Diputación de Málaga y los anteriores gestores de la Junta fue el embargo que hizo la administración provincial de parte del antiguo edificio de Correos de la capital por los impagos del Ejecutivo autonómico.
El embargo continúa, tal y como ha indicado Salado, quien no obstante ha apuntado que la Junta “ha ido avanzando”. “La deuda era de cinco millones y ahora están en uno”, ha expuesto, apuntando que existen divergencias entre los técnicos de Hacienda del Gobierno andaluz y los del Patronato de Recaudación Provincial.
“Una vez se produzca una reunión técnica se podrá levantar el embargo porque se anule parte de la deuda si corresponde o se abone la misma”, ha indicado, criticando que las discrepancias se deben a los acuerdos entre la Junta y muchos municipios en la cesión de edificios.
“Se decía que el IBI estaban exentos de pagarlos pero es un acuerdo entre la Junta y los ayuntamientos y alguien tiene que asumir eso; no se puede trasladar al Patronato de Recaudación que hace su trabajo de recaudar impuestos. Ha habido falta de diligencia por ambos, Junta y ayuntamientos”, ha lamentado.
