Imagen del desalojo que se ha llevado a cabo este miércoles en la acorrala ‘La Urba’ de Nueva Andalucía por parte de efectivos de la Policía Nacional. Foto/ marbellaconfidencial.es
Las 24 familias que ocupaban de forma ilegal un inmueble en la Corrala La Urba, en Nueva Andalucía, han sido desalojadas este miércoles. Entre los afectados hay unos 30 niños, algunos con discapacidad que han presenciado el desahucio, según algunos testigos.
Vecinos afectados por el desalojo han asegurado que agentes de la Policía Nacional comenzaron a operar en los alrededores del inmueble desde las tres de la madrugada. El lanzamiento ha concluido sobre las once de la mañana.
La mayor parte de las familias no comunicaron su situación al Consistorio, por lo que no tienen reconocida ninguna prestación y no saben dónde pasarán esta noche. El Consistorio, han asegurado, solo les ofrece guardar sus pertenencias en trasteros de titularidad municipal en San Pedro.
“Estas familias no estaban imputadas en el caso del desahucio. Han utilizado este argumento para no aceptarles la documentación. Por eso no la han podido entregar”, han denunciado algunos damnificados.
Otras seis recibirán una ayuda municipal de unos 2.000 euros y, provisionalmente, serán alojadas en una pensión en San Pedro, y tres más están esperando la subvención. Es el caso de Cristina Cózar, desalojada junto a su marido y su hija tras dos años en La Urba, que ha asegurado que renunciará a la ayuda.
“No tengo contrato de trabajo, por lo que, a pesar de los 2.000 euros, nadie me va a alquilar un piso. ¿Qué ayuda es esa? Es una vergüenza de ayuda, porque no sirve de nada. Esta noche dormiremos en la calle”, ha lamentado Cózar, que ha asegurado que la entidad financiera propietaria del inmueble enseñaba “las casas con los ocupas dentro”.
Cózar ha explicado que la Policía Nacional ha utilizado la fuerza para desalojarla del inmueble. “Nos han acorralado en la cocina, tras meterse por la terraza y nos han sacado a empujones. Nos han tratado como si fuéramos terroristas”, ha señalado.
Cózar ha reconocido la ilegalidad de ocupar viviendas, pero ha asegurado que no tenía alternativa. “Tenía que llegar la hora, pero ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿Vivimos en la calle?”, ha señalado.
“El Ayuntamiento y la concejal saben que nadie les alquilará una vivienda. Nadie alquila a quien no tiene trabajo o una nómina estable”, ha apuntado la portavoz de la plataforma Stop Desahucios Estepona, Leticia Vinuesa, que ha denunciado la fuerza de la Policía Nacional a pesar de que los vecinos no han opuesto resistencia.
“La concejal tiene que entender que hay familias que no tendrán dónde cobijarse esta noche. Marbella, una ciudad que se declara Libre de Desahucios, no puede permitirse esto”, ha apuntado.
Vinuesa ha asegurado que el Consistorio “que es de izquierdas” tiene la “obligación” de aportar “soluciones” para los vecinos afectados.
“No sirve decir que se ha hecho todo lo que se ha podido. Hacer todo lo posible es darles a estas familias un sitio en el que pasar la noche. Ofrecer trasteros para guardar muebles y no guardar a unos niños es ridículo”.
La concejal de Derechos Sociales, Victoria Morales, de IU, que se ha personado en La Urba, ha explicado que el juez no podía suspender el lanzamiento de las viviendas ni demorarlo porque ya había una sentencia en firme.
Las viviendas, además, ya no pertenecen a Cajasur sino a un tercer propietario, lo que obstaculizaba la paralización, según Morales.
“Desde 2013 se estaba aplazando la ejecución del lanzamiento y era inviable una demora más”, ha indicado.
