El ‘caso PGOU’ y las estrategias judiciales OPINIÓN.- Las defensas y acusaciones juegan sus bazas dentro y fuera del juzgado donde se dirime un presunto delito de falsedad en la modificación de 22 planos, algunos de ellos relacionados con suelos que afectan a la exalcaldesa Muñoz, así como a La Cañada y el complejo hostelero El Ancla de San Pedro, entre otros ;El futuro político de Ángeles Muñoz, senadora aforada que tendría que declarar ante el Supremo, depende ahora mismo del juez DívarOPINIÓN.- Las defensas y acusaciones juegan sus bazas dentro y fuera del juzgado donde se dirime un presunto delito de falsedad en la modificación de 22 planos, algunos de ellos relacionados con suelos que afectan a la exalcaldesa Muñoz, así como a La Cañada y el complejo hostelero El Ancla de San Pedro, entre otros ;El futuro político de Ángeles Muñoz, senadora aforada que tendría que declarar ante el Supremo, depende ahora mismo del juez Dívar

El vicesecretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Javier de las Cuevas, tras declarar ante el juez como investigado este martes, acompañado de su abogado, Diego Martín Reyes. FOTO/ M.C.

El vicesecretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Javier de las Cuevas, tras declarar ante el juez como investigado este martes, acompañado de su abogado, Diego Martín Reyes. FOTO/ M.C.

Vaya por delante, antes de entrar a analizar lo que han dado de sí las declaraciones de imputados y testigos, esta semana, en el llamado ‘caso PGOU’– sobre la presunta falsificación de documentos del Plan General de 2010– que cada parte personada en un procedimiento judicial es libre de llevar a cabo la línea de actuación que desee. No obstante, desde el respeto a tales decisiones, es bueno hacer balance de lo que hemos visto y leído en los últimos días después de producirse hasta cinco comparecencias distintas ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar.

Para quienes cubrimos desde hace ya unos cuantos años información de tribunales, nada hay mejor que poder leer lo que manifiesta alguien ante el juez una vez concluye el interrogatorio y se firma el acta de la declaración, pero no siempre es posible. En el ‘caso PGOU’ hasta el momento de escribir este artículo sólo está impresa la declaración del testigo Enrique Monterroso, exedil de IU. El resto, grabadas en vídeo, no han sido aún transcritas. Así pues, la información que les trasladamos a ustedes en Marbella Confidencial proviene de fuentes verbales y, ya se sabe, cada uno arrima al ascua a su sardina como puede.

Si ustedes supieran la de sorpresas que uno se ha llevado ya tras cotejar lo que dice alguien a su salida de una sede judicial, ante los micrófonos, con lo que realmente ha dicho ante un magistrado…

Por el momento, a falta de poder leer con mesura y detenimiento las declaraciones de cuatro de los cinco comparecientes ante Dívar, lo que tenemos es la versión fugaz y apresurada de una exedil de Urbanismo del PP imputada, Alba Echeverría, que se ciñe al guión previsto y marcado por la exalcaldesa Ángeles Muñoz, ahora senadora y edil, principal denunciada y aforada, por eso no puede declarar ante el juez de Marbella.

Echeverría mantiene que los cambios en los planos los hizo el equipo redactor del arquitecto Fustegueras (testigo coincidente con esta versión) “a instancia de la Junta de Andalucía” y siempre con el famoso informe del Consejo Consultivo  (no confundir con el  órgano secreto de OSP) como espada de Damocles para obrar de tal manera. Al parece, lo mismo que ha declarado Sebastián Olmedo, otro testigo, mano derecha de Fustegueras en el equipo redactor del PGOU, según el abogado Diego Martín Reyes, defensor del vicesecretario municipal imputado.

Como era de esperar el testigo Juan Carlos Fernández Rañada, antiguo director general de Urbanismo, contratado a dedo por Ángeles Muñoz en el Ayuntamiento y luego consejero delegado de Acosol, mantiene lo mismo que ella y que Echeverría, siempre según fuentes jurídicas (no documentales).

De suma importancia es lo manifestado por el testigo Monterroso. Su declaración transcrita al papel (la única) a la que tuvo acceso este medio digital, deja claro que los concejales no tuvieron conocimiento de los cambios de planos que se investigan.

Los hechos investigados se pueden resumir así: el 12 de junio de 2009 el equipo redactor entregó el documento del PGOU al Ayuntamiento, luego se llevó a Pleno, para aprobación inicial y se votó. Pero después, a la Junta de Andalucía se le envió otro PGOU, con 22 modificaciones que ahora hay que aclarar, lo que algunos ciudadanos comparan ya con el timo del tocomocho, presuntamente.

El juez Dívar en un auto del 26 de septiembre de 2016 y que reproducimos a continuación, de forma íntegra, explicaba con todo lujo de detalles las irregularidades cometidas, al apreciar presuntos delitos de falsedad documental, “ya que el contenido del acta de la sesión extraordinaria y urgente, celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Marbella el día 29 de julio, en primera convocatoria, no coincide con la información que se dio al pleno y que se sometió a votación”.

Dívar se refiere en esta resolución, que dio origen a la investigación judicial a la “modificación, en concreto introducida por el Equipo Redactor, de 22 de los 71 que componen el PGOU de Marbella y que se hacía constar en el escrito que tuvo entrada 063630 y que a su vez contemplaba dos puntos diferenciados”, en alusión a los cambios mencionados, así como a una segundo punto sobre licencias de obras.

El vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas,tal y como se puede comprobar en el vídeo de TV de la sesión, dio cuenta del segundo punto, al igual que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, pero nada dijo al resto de concejales sobre los 22 cambios introducidos.

La defensa del funcionario, representada por el conocido penalista Diego Martín Reyes, expresidente de la Gestora de Marbella por el PSOE (2006-2007), asegura que su cliente hizo mención al escrito de suspensión de licencias y al de modificación de las lindes entre Benahavís y Marbella.

El silencio del PSOE, acusación particular, impuesto al abogado Jaime Olcina

El abogado del PSOE, personado como acusación, Jaime Olcina, a su llegada a los Juzgados de Marbella este lunes. Foto/ JAVIER MARTÍN

El abogado del PSOE, personado como acusación, Jaime Olcina, a su llegada a los Juzgados de Marbella este lunes. Foto/ JAVIER MARTÍN

Capítulo aparte merece el PSOE, como acusación particular, que ha optado por el silencio. Ellos sabrán, creo que se equivocan. Su abogado, Jaime Olcina, tiene instrucciones del partido para no cruzar palabra con los periodistas al salir de la sede judicial, algo sorprendente. Los socialistas dejan todo el campo mediático libre a las defensas, que se explayan a sus anchas e intentan crear estados de opinión acordes a sus intereses.

En el caso del abogado de Echeverría, sufragado por el PP, Fernando Huelin, no se puede decir que no hable, ya lo hace la exedil por sí misma.

Huelin simplemente utiliza el truco del teléfono al salir del juzgado y ni siquiera tiene que negarse a hablar. Parece que la que decide si debe hacerlo, o no, es Ángeles Muñoz, a su vez presidenta del PP local. Por su parte, el abogado de la senadora aforada, el penalista Salvador Guerrero declina amablemente hacer declaraciones a la prensa.

El asesor jurídico del PP de Málaga y defensor de la exedil de Urbanismo, Fernando Huelin, el pasado martes, teléfono en mano, mientras el abogado Diego Martín Reyes habla con los periodistas al concluir las declaraciones. FOTO/ M.C.

El asesor jurídico del PP de Málaga y defensor de la exedil de Urbanismo, Fernando Huelin, el pasado martes, teléfono en mano, mientras el abogado Diego Martín Reyes habla con los periodistas al concluir las declaraciones. FOTO/ M.C.

Está claro que este caso, a falta de que se conozcan las transcripciones de las declaraciones por escrito, se juega dentro y fuera de los juzgados. Por el momento, fuera, algunas defensas están demostrando ser más hábiles que alguna acusación. La batalla no ha hecho más que comenzar.

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