El cerebro de la trama de corrupción municipal, Juan Antonio Roca (drcha), junto al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, durante una de las sesiones del juicio por el caso ‘saqueo 2’ celebrado en la Audiencia Nacional
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la acusación contra el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el que fuera gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000, Juan Antonio Roca, en la recta final del juicio oral por el conocido como ‘caso Marina Mariola’ nombre de una sociedad con la que el Ayuntamiento firmó dos convenios urbanísticos irregulares, objeto de esta vista oral, suscritos entre 1995 y 1997.
Será este miércoles cuando la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, la misma que enjuició el ‘caso Malaya’, acoja la que con toda probabilidad puede ser la última sesión de esta causa penal, seguida a tras una querella del Ministerio Público. La acusación pública solicitó inicialmente diez años de prisión para cada uno de los dos procesados mencionados.
Las defensas presentarán su informe final, después de que este pasado lunes el fiscal ya lo hiciera y modificara sus conclusiones iniciales, tan sólo para considerar que no existe un delito de fraude en concurso con otro de malversación, sino sólo este último, según han asegurado fuentes judiciales a Europa Press; pero manteniendo la acusación por prevaricación administrativa y delito urbanístico.
En sus conclusiones, el fiscal sostenía que desde la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con Jesús Gil al frente, “que casi inmediatamente dejó de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían”, gestionaron el patrimonio público “en su propio beneficio”.
Así, en el escrito inicial, se precisaba que Muñoz, como regidor accidental, fue “persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde y del Ayuntamiento”; mientras que Roca era el “verdadero gestor de hecho en materia urbanística, desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral”.
En su declaración en el juicio, Julián Muñoz reiteró que no tenía conocimientos ni jurídicos ni técnicos, que se limitaba a firmar lo que decía el exregidor Jesús Gil y que no recibió dinero por firmar. “Yo soy un humilde camarero”, señaló, incidiendo en que lleva “20 años diciendo” que no ha negociado convenios. “Lo siento y me arrepiento”, insistió.
Roca ha reconocido haber negociado cerca de 700 convenios
Roca, por su parte, aseguró que él negoció “unos 600 o 700 convenios”, pero insistió en que en este en concreto no participó. “No tendría inconveniente en reconocer que lo he hecho yo, lo he reconocido antes con otros, pero no lo he hecho”, reiteró en varias ocasiones, añadiendo que tampoco tuvo contacto con el empresario, quien habló directamente con Gil. “Estoy aquí por un error, por llamarme Juan Antonio Roca”, aseveró.
Acusación dirigida contra el empresario responsable de la sociedad
En esta causa también se acusa a un empresario, como responsable de la sociedad, a quien, “como a otros”, esos pagos para poder trabajar con los ayuntamientos, “el de Marbella y probablemente de la mayoría de municipios”, les seguían “siendo muy rentables dado los altos porcentajes y márgenes de beneficio en la construcción a partir de los incrementos de los aprovechamientos”, señalaba el ministerio público.
Los terrenos donde está el edificio están en Huerta de Las Merinas. La acusación analiza los dos convenios; el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, lo que creaba un exceso de aprovechamientos que tasados, estima “los perjuicios causados a las arcas municipales en 4,7 millones de euros”.
“La ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba en absoluto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986”, dice la Fiscalía, apuntando que son 82 los inmuebles que componen el edificio, de los que 74 son viviendas que se vendieron y se habitaron, “pese a estar pendiente de concesión la licencia de primera ocupación”.
